*Buscará PAN en Congreso de la Unión controversia constitucional contra este decreto
*CNDH manifiesta que indefinición jurídica del uso de la Fuerza Armada, es un grave riesgo para garantizar los derechos humanos
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El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), mostró su rostro autoritario al militarizar la seguridad pública del país hasta el 2024, según el decreto promulgado el pasado 11 de mayo.
La situación ha generado controversia entre diversas bancadas del Congreso de la Unión en donde se busca, por un lado el estudio del mismo y por otro se pretende interponer una controversia constitucional.
Por su parte la legisladora de la bancada del PAN, Alejandra García Morlan aseguró que el decreto emitido por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es violatorio a la Constitución Política Mexicana, y del acuerdo de creación de la Guardia Nacional (GN).
“De manera extraordinaria, contradice con lo que se aprobó en el Congreso Federal, por lo que la bancada del PAN presentará una controversia constitucional para dar protección al país”, adelantó.
Recalcó el respeto a las Fuerzas Armadas, sin embargo dijo que estas no tienen una formación en materia de derechos humanos, ellos están capacitados para reaccionar y defender.
Lo anterior al exponer que buscarán las firmas de las dos terceras partes de los 500 diputados, para acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y echar abajo este decreto.
“El presidente está mostrando su verdadero rostro autoritario”, expuso la diputada quien señaló que ha caído en una contradicción.
Por segundo año consecutivo, el mes de marzo fue considerado el año más violento del país, debido al número de asesinatos.
En el tema de mujeres, de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer trimestre de este año 964 mujeres fueron asesinadas en México, 10.5 cada 24 horas y sin duda el quedarse en casa está ocasionando una mayor violencia contra las mujeres.
De enero a marzo también de acuerdo al Secretariado Ejecutivo se recibieron 115 mil 614 llamadas telefónicas al 911 por casos de violencia en el hogar, una cifra altísima y de extrema gravedad la violencia que está viviendo este sector de la población, durante este proceso de confinamiento en el país, en el que 2020 se perfila como el año más violento para las mujeres.
MÉXICO NO DEBE MILITARIZARSE
El diputado Federal por Morena, Daniel Gutiérrez Gutiérrez expuso que este decreto tendrá que revisarse para evaluar que tan certero es que “las Fuerzas Armadas no pueden realizar tareas civiles”.
Asimismo consideró que quizá esta determinación se dio a raíz de la situación que se vive en Puebla, Veracruz y otras entidades del país, sin embargo consideró que México no debe de militarizarse.
Con respecto a las opiniones vertidas expuso que se respetan y se respetan a las fuerzas políticas más allá de expresiones partidistas nos tienen que unir a México, expuso.
El decreto emitido el 11 de mayo señala que el Ejército Mexicano y Marina han sido dispuestas como fuerzas permanentes complementarías a la Guardia Nacional dándoles atribuciones por cinco años para vigilar, detener y realizar operativos a nivel municipal.
Sobre el particular, también la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) afirmó que la indefinición jurídica del acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, representa un grave riesgo para el respeto y garantía de los derechos humanos.
En su posicionamiento la CNDH expresó que el acuerdo es insuficiente respecto a la determinación del contenido de los términos “extraordinaria”, “fiscalizada”, “subordinada” y “complementaria” y con ello se falta al principio de certeza jurídica, pues no se tiene claridad sobre los supuestos en los cuales cabría la actuación de la Fuerza Armada.
Destacó que la situación es preocupante pues ante la indefinición jurídica podría establecerse un esquema permanente de participación de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública, lo que es contrario a la Constitución y dentro de ella, a las obligaciones internacionales que tiene el Estado Mexicano en la materia.
Precisó que la participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública debe ser extraordinaria, de manera que toda intervención resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario, ante las circunstancias que justifican su intervención y el acuerdo no brinda elementos para respetar y garantizar dicha condición.
“Esa participación debe ser subordinada y complementaria a las labores civiles de seguridad. Y si bien el Acuerdo hace referencia a estos conceptos, no se cuenta con elementos concretos y definitorios sobre las exigencias de dicha actuación”, agregó.
Insistió finalmente que la participación de la Fuerza Armada en funciones de seguridad pública, debe estar regulada mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza conforme a estrictos criterios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad.