El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, sostuvo este martes en el Palacio Legislativo de San Lázaro que la libertad de expresión se encuentra plenamente garantizada en el país y descartó que la iniciativa enviada por el Senado para normar el uso de logotipos gubernamentales represente un intento de censura contra la ciudadanía o los medios de comunicación.
Al ser cuestionado sobre las inquietudes que catalogan dicha propuesta como una norma contra contenidos humorísticos en redes sociales, el diputado federal aclaró que el objetivo central de la reforma es tipificar y sancionar conductas ilícitas cometidas en entornos virtuales.
Durante un encuentro con reporteros posterior a la ceremonia luctuosa en memoria del periodista Francisco Garfías Antolín, el legislador federal explicó que la iniciativa busca combatir fraudes documentados donde se emplean indebidamente sellos de la Presidencia de la República, herramientas de inteligencia artificial o identidades de los Bancos del Bienestar. Bolaños-Cacho Cué recordó que durante la reciente comparecencia del secretario de Economía ante la Cámara baja se expusieron entre cinco y seis casos concretos en los que grupos delictivos utilizaron la imagen pública de dependencias federales para consumar estafas contra la población, por lo que defendió la necesidad de crear un marco legal que frene esas prácticas.
Respecto a la propuesta planteada por organizaciones y comunicadores para incluir excepciones expresas que protejan el humor, la sátira política y la libre expresión en internet, el titular de la Cámara baja indicó que las comisiones dictaminadoras y el pleno tienen la facultad de incorporar reservas que despejen cualquier incertidumbre.
Puntualizó que, si bien la legislación vigente sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional castiga ciertas conductas relacionadas con los símbolos patrios, se carecía de una norma específica que proteja la imagen operativa de las dependencias públicas frente a la suplantación digital.
En el marco del homenaje póstumo, el legislador oaxaqueño fijó también su postura sobre el trabajo de la prensa en México, subrayando que quienes ejercen cargos públicos tienen la obligación de asumir la crítica como un elemento básico de la democracia.
Señaló que el periodismo profesional es aquel que cuestiona e incomoda al poder, por lo que condenó de forma tajante las agresiones contra trabajadores de los medios de comunicación y recordó el caso de su paisano, el periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar: “mi amigo Alejandro Leyva, que aún la Fiscalía no ha esclarecido los motivos por los cuales fue asesinado. Extiendo, aprovecho el momento para extender mi solidaridad para con su familia, y esos actos sí hay que condenarlos”.
Finalmente, al ser consultado sobre las conferencias oficiales donde se exhibe a reporteros o comunicadores, Bolaños-Cacho Cué declaró a título personal que no comparte la elaboración de listas ni señalamientos dirigidos hacia integrantes del gremio informativo. Afirmó que vivir en una sociedad democrática exige respetar todas las corrientes y posturas editoriales, llamando a los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno a conducirse con apertura y tolerancia ante el escrutinio social.