La Secretaría de Gobierno acumula conflictos sin resolver mientras su titular Jesús Romero López parece más ocupado en las disputas internas del jarismo rumbo al 2028 que en apagar los incendios políticos que amenazan a Salomón Jara.
Oaxaca se le está incendiando políticamente a Salomón Jara Cruz y el responsable de operar la gobernabilidad parece más entretenido en sus propias batallas que en resolver los problemas que le estallan al Mandatario oaxaqueño.
Jesús Romero López, secretario de Gobierno, enfrenta un severo cuestionamiento: ¿dónde está el oficio político que debería distinguir a quien tiene la responsabilidad de evitar que los conflictos sociales se conviertan en crisis?
El bloqueo que este 15 de octubre cumplió cuatro días consecutivos en la carretera federal 190, a la altura de El Caracol, en el Istmo de Tehuantepec, es una muestra del tamaño del problema. Comunidades mixes y zapotecas exigen caminos dignos, mejoras en el suministro eléctrico y respuestas concretas a sus demandas. Son 26 comunidades, según reportes periodísticos, que mantuvieron paralizada una vía estratégica sin que se alcance un acuerdo definitivo.
No se trata de minimizar las afectaciones que un bloqueo provoca a transportistas, comerciantes, trabajadores y familias. Se trata de preguntar por qué un conflicto de esta naturaleza llegó al cuarto día sin una solución capaz de restablecer la circulación y atender, al mismo tiempo, las exigencias de los pueblos.
Cuando las comunidades denuncian meses de solicitudes sin respuestas satisfactorias, el problema deja de ser únicamente una demanda de infraestructura. Se convierte también en un fracaso de interlocución. Ahí es donde la Secretaría de Gobierno tendría que demostrar para qué sirve, más allá de instalar mesas de negociación que terminan sin acuerdos.
El caso es todavía más delicado porque las exigencias no surgieron de la nada. Las comunidades reclaman rehabilitación de caminos y atención a las fallas eléctricas, necesidades básicas que requieren coordinación entre autoridades estatales y federales. Sin embargo, el diálogo, hasta el cierre de esta columna, no había conseguido producir una salida aceptable para los inconformes.
La gobernabilidad no consiste en tomarse fotografías en una mesa de diálogo ni en emitir comunicados falsos que anuncian que se atienden los problemas o que ya se solucionaron, como lo hizo el equipo de Romero López precisamente ayer por la tarde anunciando que se había levantado el bloqueo y resulta que no, la carretera federal 190 permanecía bloqueada y ellos en la mesa de negociación en Tehuantepec.
Por si no lo sabe Jesús Romero, gobernar significa anticiparse, construir acuerdos verificables, establecer plazos y cumplirlos. Cuando la carretera permanece cerrada durante días, la ciudadanía tiene derecho a cuestionar la eficacia de quienes cobran por hacer precisamente ese trabajo.
Pero el paraje El Caracol no es un episodio aislado.
En la capital oaxaqueña, las movilizaciones frente al Palacio de Gobierno forman parte de una inconformidad recurrente de organizaciones y sectores que buscan respuestas a sus demandas.
La acumulación de protestas plantea una interrogante de fondo: ¿cuántos conflictos pueden mantenerse abiertos antes de que el gobierno reconozca que su estrategia de atención política necesita una revisión profunda?
El problema de Jesús Romero es que la Secretaría de Gobierno debería funcionar como el principal amortiguador de las crisis del mandatario estatal, no como una oficina que reacciona cuando las carreteras están bloqueadas y las protestas ya ocupan las calles.
Su obligación es detectar las señales de inconformidad, negociar antes de que escalen y evitar que cada diferencia termine convertida en un pulso público contra la administración. Pero con Chucho Romero todo es al revés.
Y mientras los pueblos reclaman servicios, caminos y atención, en los círculos políticos se cuestiona el tiempo y la energía que el funcionario dedica a las disputas internas del equipo gobernante. La percepción de que está más concentrado en la grilla que en la solución de conflictos erosiona su autoridad como interlocutor. En política, quien pierde credibilidad frente a sus propios interlocutores pierde también capacidad para negociar.
LAS CIFRAS QUE CONTRADICEN EL DISCURSO
Los datos oficiales permiten dimensionar el desafío, aunque no existe una cifra única que sume todas las protestas, los conflictos agrarios, las movilizaciones y los bloqueos del sexenio.
Vamos con los datos duros.
En noviembre de 2025, la propia Secretaría de Gobierno informó que se habían registrado 321 cierres de vialidades durante ese año. También reportó 43 convenios de paz acumulados desde el inicio de la administración de Jara, nueve de ellos firmados en 2025 hasta ese corte, además de 4 mil 664 mesas de diálogo realizadas entre enero y noviembre.
Las cifras muestran una contradicción que merece examinarse: miles de reuniones y cientos de cierres carreteros conviven en el mismo balance gubernamental. Las mesas de diálogo son una actividad administrativa; su número, por sí solo, no demuestra que las demandas estén resueltas ni que los acuerdos se cumplan.
Otro caso reciente fue la asamblea con los coatlanes que fracasó porque de plano le rechazan la construcción de la presa Mujer Solteca y olímpicamente los pobladores le dieron el avionazo y lo mandaron de regreso a Oaxaca capital, sin respuestas.
En abril de 2025, la dependencia había informado que durante marzo atendió 93 movilizaciones y realizó 297 mesas de diálogo, de las cuales 21 fueron calificadas como resolutivas.
La pregunta periodística no es cuántas reuniones se celebraron, sino cuántas produjeron soluciones duraderas y cuántos conflictos volvieron a estallar por incumplimientos o falta de seguimiento. Ahí está el detalle.
En materia agraria, el panorama tampoco es menor. En diciembre de 2024, Romero reconoció que Oaxaca arrastraba más de 200 conflictos de este tipo, muchos de ellos históricos y algunos de alta peligrosidad.
Son problemas complejos, con raíces comunitarias, territoriales y políticas, que no pueden atribuirse automáticamente a la actual administración. Pero precisamente por esa complejidad se necesita una Secretaría de Gobierno con capacidad, experiencia y visión de largo plazo.
Al corte del 15 de octubre de 2026, no he localizado una estadística pública consolidada y verificable que permita establecer el total de conflictos sociales o bloqueos registrados durante todo este año o durante el sexenio. No se pueden inventar cifras. Los datos oficiales de 2025 sirven como referencia documentada, pero no deben presentarse como si fueran el balance actualizado de 2026.
EL COSTO POLÍTICO PARA SALOMÓN JARA
La crisis de interlocución termina por golpear directamente al gobernador, Salomón Jara. Aunque Romero sea el responsable operativo de la política interna, la ciudadanía no separa las deficiencias de una secretaría de la responsabilidad del mandatario que lo mantiene en el cargo.
Jara enfrenta así una paradoja: mientras su administración reivindica el diálogo como herramienta de transformación, en las calles y carreteras persisten protestas que exhiben las limitaciones de esa estrategia. La distancia entre el discurso oficial y la experiencia cotidiana de quienes exigen respuestas se convierte en desgaste político.
A ello se suma el costo de las disputas internas. Si el secretario de Gobierno dedica más esfuerzos a disputar posiciones, debilitar adversarios o influir en los equilibrios del gabinete que, a construir acuerdos con las comunidades, estaría invirtiendo al revés sus prioridades.
Estas son críticas políticas que deben medirse por los resultados, pero que el gobernador no puede ignorar cuando la inconformidad social se acumula.
El problema de fondo es que la Secretaría de Gobierno no puede convertirse en una plataforma de aspiraciones personales ni en un espacio para administrar rivalidades, si Jesús Romero tanto anhela ser gobernador, entonces que renuncie, ya su jefe político, el gobernador le dio luz verde para que camine, ¿por qué no lo hace?
Quiere chiflar y comer pinole. Está cañón.
Porque en la Secretaría General su razón de ser es preservar la estabilidad, garantizar interlocución y resolver diferencias antes de que se transformen en emergencias públicas y no ha dado resultados, cada día hunde más a Oaxaca.
Ahora bien, si Salomón Jara considera que Romero ya no cumple esa función, tendrá que evaluar su permanencia con criterios de eficacia y no de lealtad política. Si, por el contrario, cree que su secretario tiene capacidad para recomponer la situación, deberá exigirle resultados medibles, acuerdos cumplidos y una estrategia que no dependa de esperar a que los manifestantes levanten sus bloqueos.
La gobernabilidad se acredita cuando los pueblos encuentran respuestas, las carreteras permanecen abiertas y los conflictos dejan de reproducirse por falta de atención.
El mayor riesgo para Salomón Jara no es solamente tener un secretario de Gobierno cuestionado; es mantenerlo mientras la realidad le exige resultados. Si Jesús Romero está más preocupado por la grilla que por resolver los problemas de Oaxaca, el gobernador tiene la obligación política de decidir si todavía es el operador que necesita.
En política, la incapacidad para resolver una crisis termina convirtiéndose en otra. Cuando las protestas se multiplican, los acuerdos no llegan y el discurso de gobernabilidad deja de ser una fortaleza del gobierno para convertirse en su principal contradicción.
Jesús Romero es como el mango verde que no llega a madurar en el árbol, cae y se pudre. Esa generación de la COCEI a la que pertenece Chucho Romero nunca maduró.
DE COLOFÓN:
EL TROPIEZO JURÍDICO DE VÁSQUEZ URDIALES
Oigan, el que quedó exhibido como mal abogado es el polémico Notario 100, Arturo Vásquez Urdiales, por confundir sus fobias personales con su profesión.
Trascendió hasta esta redacción que el fedatario promovió recusación en contra del presidente de la Sala Civil del TSJO, Magistrado Juan Carlos Díaz Carranza, inscribiendo su pretensión con su puño y letra con adjetivos ofensivos al calce de la notificación. La Sala lo requirió que se condujera con respeto ante la autoridad o se haría acreedor a una sanción.
Y le valió al abogado la advertencia.
Al ver que no procedió su petición, vino el segundo tropiezo, lo recusó mediante escrito. Desechándose nuevamente su solicitud por ya haber sido resuelta con anterioridad.
Pero el mayor tropiezo fue que en esta segunda recusación en un grito desesperado y carente de profesionalismo, Urdiales ocupó palabras irrespetuosas –como acostumbra- en contra Díaz Carranza, quien le hizo efectivo el apercibimiento para que se condujera con respeto, imponiéndole una multa de poquito más de $5,000.
Corrijo, más de $10,000.00 porque son dos los expedientes en donde él actúa.
Seguramente más que el descalabro jurídico le dolió el pagar esa cantidad que para un fedatario no resulta gravoso.
Pero él, Urdiales, obcecado en sentirse buen abogado, inició la ruta en las instancias federales. Y aquí viene el tercer y fatídico tropiezo: le fue negado el amparo, no una, sino dos veces. Teniendo entonces que pagar esos diez mil pesotes al Poder Judicial del Estado.
¡Qué necesidad!
Urdiales se llevó una lección de buenos modales y de Derecho.
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