Se sabe que detrás de la decisión del gobernador Salomón Jara Cruz de nombrar secretaria de Bienestar en Oaxaca a Maribel Salinas Velasco, está la señora Irma Bolaños Quijano, quien no deja de influir sobre las decisiones del gabinete, aunque se hundan cada día más.

Pero ni bien se ha diluido el escándalo en que se ha visto envuelto su gobierno con el caso del hermano incómodo Noé Jara Cruz, a quien vinculan con la red de ASAEO y ya se metió en otro, nombrar a una servidora pública que fue separada del cargo como directora del DIF-Oaxaca por la tragedia de la muerte de dos niñas haitianas.

Ven el temblor y no se hincan. Para doña Irma Bolaños la muerte de las dos niñas haitianas en el Albergue Casa Hogar Patos, ya forma parte del pasado y piensa que la ciudadanía no tiene memoria, que ya se le olvidó a siete meses de la terrible tragedia.

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En verdad ¿qué debe ocurrir para que una funcionaria que estuvo al frente de una institución bajo cuestionamientos quede políticamente fuera de circulación? En la administración estatal, al menos en el caso de Maribel Salinas Velasco, la respuesta es otra oportunidad en el gabinete.

El pasado 8 de octubre, el gobernador la nombró secretaria de Bienestar, Tequio e Inclusión, apenas ocho meses después de que fuera separada de la dirección general del DIF Oaxaca, tras la muerte de dos niñas haitianas en la Casa Hogar Patos, ocurrida el 24 de febrero de 2026.  

El nombramiento no puede analizarse como un simple movimiento administrativo, porque Salinas estaba al frente del DIF cuando ocurrió una tragedia que obligó a las autoridades a abrir investigaciones y a revisar las condiciones en que se atendía a menores de edad bajo protección institucional. Su regreso a un cargo de alto nivel exige explicaciones políticas que Jara Cruz no puede eludir.

Las dos niñas perdieron la vida al caer en una fosa séptica dentro del albergue. La fiscalía general del Estado abrió una investigación penal y, de acuerdo con sus comunicados, dos personas quedaron a disposición del Ministerio Público para el esclarecimiento de los hechos. La responsabilidad individual de cada involucrado deberá determinarse mediante el debido proceso. 

Claro que hay una diferencia fundamental entre la responsabilidad penal y la responsabilidad política. Que una persona no haya sido condenada no significa que un gobierno esté obligado a devolverle un puesto de primer nivel. Mucho menos cuando la institución que encabezaba quedó bajo escrutinio por la muerte de dos niñas que debían estar protegidas.

El cuestionamiento no es solamente si Maribel Salinas cometió un delito, sino más bien qué evaluación hizo Salomón Jara para concluir que era la persona indicada para encabezar una secretaría dedicada precisamente al bienestar de la población más vulnerable.

El DIF no es una oficina cualquiera, es una institución que debe garantizar protección, alimentación, seguridad y atención digna a niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad. Cuando ocurren muertes dentro de sus instalaciones, la exigencia pública no termina con la separación de una funcionaria: comienza una obligación de rendir cuentas y eso no lo hizo Maribel Salinas.

Días después de la muerte de las niñas haitianas, organizaciones civiles exigieron una investigación exhaustiva tanto por el fallecimiento como por las denuncias de abusos y explotación laboral infantil. 

También se reportaron testimonios de adolescentes que señalaron presuntos actos de discriminación y condiciones de maltrato, hay videos y entrevistas públicas. Son acusaciones que el propio fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla debe investigar, no archivar ni minimizar. 

Es decir, la tragedia no apareció en medio de un escenario sin antecedentes. Existían señalamientos que reclamaban atención y respuestas institucionales. Por eso, el nombramiento de la exdirectora del DIF no puede desligarse de la pregunta sobre qué se investigó, qué se corrigió y qué garantías existen para impedir que situaciones semejantes vuelvan a ocurrir.

Sin duda alguna, Maribel Salinas Velasco fue protegida por el gobierno de Oaxaca, pero específicamente por doña Irma Bolaños. La presidenta honoraria del DIF-Oaxaca se ha dedicado en los últimos meses ha candidatear sus cartas, como Saymi Pineda y a Alfonso Silva Romo, en los hechos ella es la “madrina”.

En medio de este contexto sigue los cuestionamientos sobre los vínculos familiares y políticos alrededor del DIF, institución encabezada por Bolaños Quijano, esposa del gobernador. Las denuncias publicadas sobre presunto nepotismo y la presencia de familiares en la estructura de los albergues refuerzan la exigencia de transparencia. 

Lo que no admite discusión es que el gobernador debe explicar sus decisiones. Si considera que Maribel Salinas cuenta con la experiencia, la capacidad y la solvencia necesarias para asumir Bienestar, Tequio e Inclusión, tiene la obligación de exponer las razones y hacer públicos los resultados de las evaluaciones correspondientes.

Si la separación de febrero se anunció para permitir que avanzaran las investigaciones, como informó el propio gobierno estatal, su reincorporación al gabinete obliga a aclarar qué cambió desde entonces.

¿Concluyeron las revisiones administrativas? ¿Qué resultados arrojaron? ¿Se identificaron fallas institucionales? ¿Qué medidas correctivas se adoptaron? ¿Qué garantías existen para las niñas y niños que permanecen bajo cuidado del Estado?

Son preguntas elementales. No constituyen una condena anticipada contra Maribel Salinas, sino exigencias legítimas frente a una decisión que compromete la credibilidad del gobierno.

Aquí aparece el costo político para Salomón Jara, cuya administración ya enfrentaba cuestionamientos por seguridad, transparencia y decisiones de gobierno. En septiembre, una medición de Enquire Asks, correspondiente a agosto, le atribuyó 39.9 por ciento de aprobación y el último lugar entre los gobernadores evaluados en esa encuesta. 

Ese resultado refleja el desempeño medido por esa firma y ese periodo, no una sentencia definitiva de la ciudadanía, pero sí constituye una señal que merece atención. 

En lugar de reducir los motivos de inconformidad, la nueva designación abre otro frente de cuestionamientos. El gobierno tiene que explicar por qué una funcionaria separada tras una tragedia de esta magnitud vuelve al gabinete sin que el anuncio de su nombramiento venga acompañado de información pública suficiente sobre el estado de las investigaciones y las medidas adoptadas.

El problema de fondo es la confianza. Cuando una administración pide a la ciudadanía que crea en sus políticas de bienestar, debe demostrar que sus decisiones colocan en primer lugar a las personas vulnerables, no la continuidad de sus cuadros políticos, como en este caso.

El bienestar no puede convertirse en una palabra decorativa ni en una etiqueta para justificar cualquier nombramiento. Detrás de esa nueva responsabilidad que hoy tiene Maribel Salinas, hay grupos vulnerables, cuyos derechos no pueden quedar subordinados a las necesidades de un gabinete.

Salomón Jara tiene derecho a nombrar a sus colaboradores, pero también tiene la obligación de explicar por qué los elige y qué resultados espera de ellos. La facultad legal para designar no cancela la responsabilidad política de hacerlo con transparencia.

Por ello, las dos niñas haitianas no pueden convertirse en una nota olvidada ni en un episodio incómodo que se supera cambiando de oficina. Tampoco las denuncias sobre presuntos abusos en los albergues pueden quedar sepultadas.

La exigencia es concreta: esclarecer las muertes, investigar las denuncias, transparentar las responsabilidades y garantizar que los centros de asistencia sean espacios seguros. Por ello, ante el regreso de Maribel Salinas al gabinete, explicar públicamente qué elementos justifican su nombramiento.

Esa responsabilidad no puede quedar en segundo plano frente a la conveniencia política de la familia Jara. ¡Eso es criminal!

DE COLOFÓN: 

LOS ANEXOS Y EL BLANQUEMIENTO DE DINERO, ATRÁS SIGUE ASAEO

El homicidio de “El Chuy” y su esposa Rosalba, ocurrido el pasado sábado 3 de octubre en San Martín Mexicapan, dejó al descubierto una red de agiotistas “gota a gota”, blanqueo de capitales provenientes del cobro de piso y narcomenudeo en la capital del estado y zona conurbada.

De acuerdo con carpetas de investigación de la fiscalía general del Estado de Oaxaca (FGEO), la pareja, además del negocio de elotes, se dedicaba a pedir y prestar dinero a través de integrantes de la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO). 

Desde hacía por lo menos dos años, Chuy realizaba cobros con altos intereses a pequeños comerciantes. A la par del crecimiento de su negocio financiero, su pareja, Rosalba constituyó una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofome), la cual está siendo investigada por blanqueo de recursos procedentes del cobro de piso y extorsión provenientes de la ASAEO.

Una de las aristas más graves de este caso, es la línea de investigación de la Fiscalía que lleva hasta algunos supuestos centros de tratamiento contra las adicciones, los cuales han servido para reclutamiento de mujeres y hombres jóvenes.

Las indagatorias de la FGEO han revelado que la ASAEO tejió una red al interior de estos supuestos lugares de tratamiento para personas consumidoras de drogas, para llevar a cabo el cobro de préstamos y también de piso.

Los “padrinos” de estos centros se convirtieron en tentáculos del grupo criminal, para el reclutamiento de jóvenes que enfrentan una adicción.

El negocio es redondo: por una parte, los préstamos, el cobro de piso, la extorsión, el reclutamiento forzado y por otra, el blanqueo de los dineros a través de Sofomes. 

Todo ello forma parte ya de diversas carpetas de investigación que a la brevedad incluirán más detenciones y cateos, como los dos registrados la semana pasada, uno en la Central de Abasto, donde agentes estatales desmantelaron una caja de préstamos y otra en Santa Rosa, donde fue cateado un anexo junto con otro negocio de préstamos.

Es por ello, que el homicidio de Chuy encendió las alertas y dejó al descubierto otro de los negocios de la ASAEO.