Oaxaca vive una crisis por desapariciones de personas, alertó este día el activista Joaquín Galván, quien estimó que únicamente en 2026 la cifra de personas víctimas de desaparición pudiera llegar a las 600.
El también abogado ayudó afirmó que los entramados entre grupos delictivos y autoridades han derivado en el aumento de las cifras, con regiones como el Istmo de Tehuantepec, Cuenca del Papaloápam, Costa y Valles Centrales, como zonas de mayor predominancia de aquel fenómeno.
“La cifra puede ser superior a más de 600 casos reportados en tan solo lo que va del 2026. Esta situación nos pone en focos rojos”, reiteró.
Galván sostuvo que los casos de desaparición se pueden dividir
“Ya de por sí estábamos en una situación alarmante con la desaparición de migrantes, con la desaparición de trabajadores en el estado, que se oyó mucho el año pasado y el año anterior, pero este 2026 se está recrudeciendo”, sostuvo, en entrevista.
Reiteró que la sinergia que han hecho sindicatos y grupos delictivos va de la “mano” con “esta incidencia de violencia en temas de desaparición y en temas de ejecuciones y homicidios”.
Joaquín Galván sostuvo que el aumento en el número de víctimas de desaparición se debe “a la reestructuración de plazas y a la constante pelea entre los grupos del crimen organizado que están en la zona”.
Además, advirtió que los operativos implementados por autoridades estatales y federales en zonas de alto impacto, como lo son Juchitán de Zaragoza y Oaxaca de Juárez, provocarán un “efecto cucaracha”; es decir, que las bandas se propaguen hacia otros municipios y regiones.
Ante ello, afirmó que es necesario que las autoridades instauren un plan integral de seguridad y restructuración social, a efecto de que el fenómeno delictivo no crezca en otras zonas.
“Actualmente estamos escuchando de distintos operativos que está realizando la Federación en la zona; sin embargo, estos operativos no tienen un enfoque o un proceso de anticipación a lo que muchas veces suele pasar cuando se ingresa a una zona de foco rojo…
“Lo que genera muchas veces este desmantelamiento de principales grupos de crimen es que se replieguen y se replieguen hacia nuevas zonas; generalmente, hacia la serranía”, subrayó.
En el caso de la región del Istmo y los operativos centrados en Juchitán de Zaragoza, refirió que el área más vulnerable es la parte baja de la Sierra Mixe, adonde las bandas podrían huir y refugiarse.
“Esto es lo que debe de también alarmarnos y que también debe de preparar al Estado mexicano, al gobierno mexicano y también a esas comunidades a que todo este fenómeno de violencia no los alcance a ellos”.
“Es un tema que se tiene que reforzar en temas de autoseguridad, pero también de atención institucional. No es de hacer las cosas sólo porque sí, por la presión pública, mediática o política, sino también una estrategia clara, ¿no? Y evitar precisamente que estos fenómenos de desaparición y otros delitos dejen de suceder aquí para empezar a suceder en otra zona, producto precisamente de este repliegue de las células criminales, una vez que estos operativos comienzan a generar impacto en una zona concreta”.
Galván afirmó que los delitos de alto impacto como la desaparición aumentaron en Oaxaca por el contubernio entre autoridades y delincuentes y luego porque los grupos empoderados, se salieron de control.
“Habíamos permanecido aislados al fenómeno de la desaparición… sin embargo, pues esto ya nos alcanzó.
“Se advirtió en el sexenio de Alejandro Murat la presencia del crimen organizado, él lo negó; este gobernador lo aceptó a discrecionalidad, (pues) ya no les llamaba crimen organizado, se les llamaba cédulas generadoras de violencia”, indicó el defensor de derechos humanos.
Abundó: “La bomba se acumuló, se acumuló, se acumuló y estalló, y estalló sobre todo porque se le salió de control al gobierno de Oaxaca estos pactos que, finalmente, se están generando o se habían generado para, precisamente, establecer estas condiciones de la gente del mismo gobierno con el crimen organizado para poder posicionarse políticamente, para poder operar políticamente en zonas del estado de Oaxaca, principalmente en el Istmo (y) en la Cuenca.
“Hace no más de tres meses saqué a la luz un tema también de vínculos cercanos al gobernador con cédulas criminales allá en la frontera con Veracruz, en el Istmo, en la Cuenca”, subrayó.
Muestra de la colusión de bandas delictivas y autoridades, reiteró, son las últimas detenciones de funcionarios municipales en Juchitán, Oaxaca de Juárez y San Antonio de la Cal.
El activista subrayó que, a pesar de los actuales operativos, el riesgo de que la inseguridad y los delitos de alto impacto aumenten, es latente.
“El riesgo es grande porque la incursión del crimen organizado está siendo sectorizado, están entrando de las periferias del estado hacia el centro del estado. Entonces esto está generando una afrenta entre grupos del crimen organizado y son muy pocas zonas las que permanecen aisladas a este fenómeno”.
Refirió, sin embargo, que la unión de los municipios que se rigen por usos y costumbres o sistemas normativos internos puede ser una alternativa para contener el crecimiento del crimen.
Indicó que la autodeterminación de los pueblos, sus sistemas de reglas y la coordinación entre las demarcaciones sí puede detener la criminalidad, en colaboración con autoridades federales.
“¿Qué lo puede prevenir, qué lo puede ayudar a reforzar? Las autonomías comunitarias, tomar decisiones sobre autodefensa y autogobierno, que permitan, apegados a los derechos humanos y a los tratados internacionales, organizarse a las comunidades, a las poblaciones.
“Nuestro estado está conformado por más de 500 municipios y la mayoría de comunidades indígenas, entonces eso es una resistencia sólida al fenómeno del crimen organizado, pero sí tiene que haber una organización, autoorganización y también una colaboración no solo con el gobierno del estado, sino a nivel federal para precisamente lograr que estas zonas que aún permanecen ajenas se conserven ajenas y también que las zonas que ya están afectadas puedan de una u otra forma reconstruir su tejido comunitario y su seguridad”.
No obstante, reiteró que para una correcta sincronía entre autoridades y pueblos indígenas, no tienen que existir pactos con el crimen.
“Esto también va de la mano con romper estos pactos de complicidad que vienen desde la estructura del mismo gobierno del estado y eso le corresponderá a la Federación y le corresponderá también a las autoridades que, más allá de esta estructura política, puedan intervenir para generar mejores condiciones para apoyar a Oaxaca, liberarse del yugo del crimen organizado y de las desapariciones forzadas”.