El Poder Judicial de Oaxaca plantea un plan gradual de implementación y acciones para abatir el rezago judicial
Oaxaca de Juárez, Oax., 8 de octubre de 2026.- El aplazamiento hasta abril de 2030 de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF) representa un reto para Oaxaca, principalmente por las necesidades de infraestructura, tecnología y personal que requiere la transición del sistema escrito al oral, señaló la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Erika María Rodríguez.
Luego de que la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó el dictamen que propone ampliar del 1 de abril de 2027 al 1 de abril de 2030 la aplicación forzosa del CNPCyF, la titular del Poder Judicial del Estado advirtió que conlleva un impacto negativo en la sociedad.
“Pareciera que este aplazamiento nos permitirá a los Poderes Judiciales de las entidades federativas un mayor tiempo para gestionar y aplicar las acciones tendientes a la implementación, pero en realidad el desafío es de proporciones mayores en el caso de Oaxaca: no solo estructurales y de tecnología, sino incluso humanos a través de la contratación de más personal jurisdiccional”, señaló.
La magistrada Erika María Rodríguez explicó que la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) ha encabezado los trabajos de análisis, propuestas legislativas y gestión presupuestal ante el Congreso de la Unión para que los Poderes Judiciales cuenten con infraestructura, capacitación y recursos necesarios para esta transición.
En este sentido, destacó la necesidad de que las reformas y disposiciones presupuestales consideren las condiciones particulares de entidades como Oaxaca, por lo que serán necesarias las gestiones ante las instancias correspondientes para la asignación de los recursos que requiere la habilitación de salas de audiencia oral, el mejoramiento de la conectividad y fortalecimiento de la plantilla de personal jurisdiccional.
“Estamos conscientes que el mayor reclamo social es el rezago judicial; por ello trabajaremos de la mano con la Comisión para la Implementación del CNPCyF del Poder Judicial de Oaxaca, que preside el magistrado Juan Carlos Díaz Carranza a fin de plantear alternativas de solución inmediata que permitan abatir las cargas jurisdiccionales”, afirmó.
La magistrada presidenta señaló que, aun con el aplazamiento, el Poder Judicial de Oaxaca continuará con acciones para transformar la justicia cotidiana, como concluir la plataforma de digitalización de documentos y establecer coordinación con el Poder Judicial Federal para acceder a herramientas de justicia digital que permitan avanzar en esta transición.
Expuso que otro gran reto que enfrenta el Poder Judicial es la próxima elección judicial, debiendo evitar que aquellas personas juzgadoras de primera y segunda instancia sean removidas en su totalidad, dejando en total incertidumbre la operatividad procesal en las materias civil y familiar.
“Desde la Presidencia se reconoce la labor y experiencia de la carrera judicial, siendo los operadores actuales los que deben, en su mayoría, navegar esta transición de lo escrito a la oralidad”, puntualizó.