El abogado Rodrigo González Aguilar acudió a la Fiscalía General de la República para solicitar que atraiga la carpeta de investigación que quedó registrada con el folio: FED/CDMX/SPE/0003534/2026, en contra del gobernador y exgobernador de Querétaro, los panistas Mauricio Kuri y Francisco Domínguez.
El abogado y vocero de la familia Urquiza fue atendido por la Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, licenciada Alejandra Pérez Armendáriz, a quien solicitó el estatus de la carpeta de investigación ya mencionada, a fin de que el caso se federalice y se desempaque por las acciones de las autoridades locales del estado panista.
Desde el pasado 29 de julio de 2026 Julián Urquiza Fernández denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) dichos hechos que sucedieron desde diciembre 2025 y enero 2026, además de persecución penal y despojo de bienes inmuebles.
La familia Urquiza Fernández acusa el despojo de 269 hectáreas en Huimilpan mediante fideicomisos con cláusulas abusivas y el uso de la Fiscalía Estatal para la presión penal.
El caso fue presentado ante la Presidencia de la República (Folio: SACP20260211000003968) tras fallos federales a favor de las víctimas.
Pamela Urquiza, integrante de la familia Urquiza Fernández, denunció el esquema de despojo patrimonial que involucra dos ranchos con una extensión total de 269 hectáreas y derechos de agua en el municipio de Huimilpan, Querétaro, orquestado por una red operada por el exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, quien utiliza a la Fiscalía del Estado y el aparato gubernamental para amedrentar a personas de la tercera edad y quitarles sus tierras.
“Cártel Inmobiliario”
De acuerdo con el abogado de la familia Urquiza, opera a través de contratos de fideicomiso con cláusulas leoninas mediante la empresa MFJ Campestre, S.A. de C.V. — constituida con un capital de 100 mil pesos y vinculada directamente al exmandatario —, la cual busca asumir el control total y hasta un 80 % de las utilidades de los predios, desplazando a los legítimos propietarios.
El abogado Rodrigo González Aguilar señaló que para ejecutar la presión, el exgobernador cuenta con la complicidad del aparato de procuración de justicia del Estado.
Acusaron a la Fiscalía General del Estado, encabezada por Víctor Antonio de Jesús Hernández, de criminalizar la defensa legal en los litigios civiles mediante la apertura de carpetas de investigación (como la QRO/30535/2023), cateos desproporcionados, incluso utilizando la fuerza federal como elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.
Un Tribunal Colegiado federal concedió el amparo a Pamela y Julián Urquiza, invalidando la vinculación a proceso en su contra al ratificar la legalidad de la donación de sus tierras.
Permanecen en trámite diversos amparos contra los cateos ejecutados entre finales de 2025 y principios de 2026, así como el juicio civil 1809/2023 sobre la nulidad de donación de los predios.
El caso adquiere relevancia nacional al haber sido formalmente turnado a la Presidencia de la República, a quien solicitaron su apoyo.
La familia afectada ha trazado un paralelismo entre la estructura operada en Querétaro y el “Cártel Inmobiliario” de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, destacando que Domínguez Servién aspira actualmente a la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN), hoy al mando de Jorge Romero Herrera.
Asimismo, la denuncia apunta al gobernador Mauricio Kuri Hernández por mantener la cercanía con la estructura de su antecesor y respaldar la actuación de las autoridades involucradas en el proceso. La familia Urquiza Fernández exige el cese del hostigamiento judicial y el respeto a las resoluciones emitidas por el Poder Judicial de la Federación.