Alrededor del 40 por ciento de los ejidatarios chiapanecos de la localidad de Gustavo Díaz Ordaz, la cual se asentó en territorio oaxaqueño, aceptaron reconocer y adherirse a San Miguel Chimalapa, informó esta mañana el presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Miguel, Eliézer Gutiérrez.
Tras la reunión sostenida ayer entre autoridades municipales, estatales y federales con los moradores de Gustavo Díaz Ordaz, se elaboró una lista de 30 ejidatarios que dijeron reconocer a San Miguel Chimalapa como dueño y estar dispuestos a sujetarse a su autoridad, mientras que aproximadamente otros “40 o 50” señalaron que esperarán la aclaración de sentencia sobre los límites entre Oaxaca y Chiapas que emitirá en tres meses la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y, si ésta favorece a esta entidad, abandonarán voluntariamente las porciones invadidas, explicó Gutiérrez.
“Actualmente tengo una lista de compañeros de la Díaz Ordaz, 30 compañeros que ya decidieron que se quieren anexar a los bienes comunales de San Miguel y acatarse por los estatutos comunales”, señaló.
“Treinta ya aceptaron voluntariamente; el resto no son muchos, han de ser como otros 40 o 50 ejidatarios…”, subrayó.
Gutiérrez señaló, sin embargo, que el resto de los poseedores de tierras en Gustavo Díaz Ordaz no están “cerrados” totalmente a no adherirse a Oaxaca, por lo que comenzarán una serie de mesas de diálogo en vías de formalizar la determinación de los 30 ejidatarios de Díaz Ordaz que ya aceptaron incorporarse a San Miguel e intentar incorporar a otros que también lo vean viable.
“Quiero poner en la mesa este diálogo porque en parte dicen: ‘Qué nos garantizan que sí vamos a quedar'”.
Lo comentaba: Aquí en los ejidos les dotan de tierras de entre 20 a 30 hectáreas a cada ejidatario; en cambio en San Miguel, las cosas son muy diferentes, en San Miguel son bienes comunales y te dan cierta porción de tierra para que la trabajes, pero tú como un simple posesionario.
Eso es lo que ellos quieren saber, en qué estatus van a quedar, si se van a quedar con sus 20 hectáreas, si el gobierno de Oaxaca se compromete a brindarles todos los servicios: salud, educación; todos los servicios, ellos quieren una certeza para saber si sí, y eso lo vamos a trabajar en una mesa, en las mesas agrarias, en las mesas sociales, para que el gobierno les diga de viva voz que se compromete a cobijarlos como Oaxaca y, por tanto, hay que brindarle los servicios que necesitan”, abundó.
Eliézer Gutiérrez añadió que en otros ejidos fundados por ciudadanos chiapanecos en tierra de San Miguel Chimalapa, como es el caso de Rodulfo Figueroa, Ramón E. Balboa y Flor de Chiapas, a sus integrantes se les permite poseer hasta 200 o 300 hectáreas, beneficios que no quieren perder.
Reiteró que en San Miguel Chimalapa, los máximos posesionarios controlan entre 3 y 5 hectáreas.
Antecedentes
Ayer, comuneros de San Miguel Chimalapa, así como autoridades estatales y federales lograron ingresar al ejido Gustavo Díaz Ordaz, fundado por habitantes chiapanecos en territorio oaxaqueño.
Autoridades estatales confirmaron el arribo de la comitiva por la tarde y descartaron hechos de violencia.
Junto con los comuneros de San Miguel Chimalapa, llegaron a la zona elementos de la Secretaría de Gobernación (Segob), del gobierno de Oaxaca y la Junta de Conciliación Agraria.
Por la mañana, el presidente de Bienes Comunales de San Miguel Chimalapa, Eliézer Gutiérrez, informó que también acompañaban a la comitiva elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO).
La autoridad comunal indicó, en ese momento, que los habitantes de San Miguel no llevarían a cabo ningún desalojo sino que únicamente acudían para saber la respuesta de los habitantes de aquel asentamiento en torno al ultimátum hecho el cuatro de agosto entorno a adherirse de manera definitiva a la municipalidad oaxaqueña o, bien, desalojar las tierras.
Ante ello, durante el jueves y madrugada del viernes, patrullas de la Policía Estatal de Chiapas habían prácticamente blindado el ejido Díaz Ordaz para evitar el desalojo de sus ciudadanos.