La Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) fue omisa e incumplió con sus atribuciones legales al nunca haber emitido medidas cautelares urgentes o una alerta temprana a favor del periodista Alejandro Leyva Aguilar, aún estando enterada de que las amenazas en su contra se extendieron durante casi un año hasta ser asesinado, sostuvo este sábado el abogado y activista, fundador del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), Maurilio Santiago.
Horas después de que la titular de la DDHPO, Elizabeth Lara Rodríguez, acusó que la Fiscalía de Oaxaca, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Mecanismo de Protección a Periodistas nunca atendieron los llamados de auxilio hechos por Leyva Aguilar y la DDHPO, el especialista sostuvo que la Defensoría tuvo que haber emitido medidas cautelares o una alerta temprana, acompañada de una queja y recomendación ante las omisiones descritas; sin embargo, no lo hizo.
Sin querer entrar en confrontación con alguna institución, pero desde la técnica jurídica, descartó el argumento dado ayer por Lara Rodríguez, en el sentido de que la DDHPO no comenzó una queja contra el gobierno estatal con la justificación de que las amenazas denunciadas por el columnista provenían de redes sociales “particulares” o “falsas”, pues explicó que existieron señalamientos directos contra funcionarios estatales, incluido un video emitido el 25 de noviembre, por parte del comunicador hoy extinto y su vida estaba en riesgo.
En entrevista, el también ex consejero del Mecanismo Federal de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, explicó que las medidas cautelares son justamente el mecanismo legal que tiene la DDHPO para obligar a las dependencias del Estado a atender un caso de violencia o amenazas contra periodistas o defensores, a través del cual se involucran entidades como la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, la Secretaría de Gobierno (Sego) y la Fiscalía estatal para que otorguen seguridad a la víctima, pero no se hizo. Y reiteró que tampoco se emitió una alerta temprana para evidenciar que el periodista estaba en alto riesgo, a pesar de que la Defensoría certificó los números de los que salieron las amenazas hacia Leyva.
Acompañamiento deficiente
Puntualizó que la DDHPO tuvo que haber actuado a través de medidas cautelares o alertas tempranas y no por medio de peticiones de colaboración o peticiones de información como la propia Elizabeth Lara aceptó que se hizo desde el 14 de julio de 2025, cuando compareció por primera vez Alejandro Leyva ante el organismo y hasta un mes antes de su ejecución.
Reiteró que al no ver avances en la seguridad hacia Alejandro Leyva y aún más si mantenía contacto con él, tuvo que haber llamado al Poder Ejecutivo estatal, del que depende la SSP y la Secretaría de Gobierno, a otorgar medidas de protección y buscar sinergias para acudir al Mecanismo Federal.
“Cuando se presentan una queja o una denuncia y después el hecho se consuma quiere decir que algo falló ahí. Algo falló y tuvo fatales consecuencias”, indicó Maurilio Santiago este sábado.
“Yo lo que veo aquí es que la Defensoría tiene mandatos específicos precisamente que están estipulados en la ley de la DDHPO y también en su reglamento interno”.
Obligaciones legales
Explicó que el Artículo 66 de la Ley de la Defensoría refiere que la defensora o el defensor tiene la facultad de solicitar, en cualquier momento, a las autoridades competentes, medidas precautorias o cautelares necesarias y efectivas para salvaguardar los derechos humanos de los peticionarios con el fin de evitar la continuidad o consumación irreparable de la violación de derechos humanos denunciada.
Indicó que la normativa está ligada al Artículo 109 del reglamento interno de la Defensoría, que refiere que en situaciones de gravedad o urgencia la entidad podrá solicitar, por iniciativa propia o a solicitud de parte, que el Estado adopte medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto del proceso con una petición o caso pertinente.
“Vimos el reclamo o la denuncia que hizo en su momento el periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, donde dice que él acudió a un organismo público a presentar una queja… las facultades y obligación de la Defensoría era emitir una medida cautelar o, en su defecto, una alerta temprana. Eso era lo que tendría que hacer”.
Refirió que, ante las condiciones que predominaban, podía haber emitido por oficio cualquiera de esas herramientas legales, al resaltar que toda autoridad u organismo tiene facultades y obligaciones.
“Un cuaderno de antecedentes y dirige oficios en vías de colaboración, pero no es lo mismo iniciar una queja y emitir una medida cautelar, la cual tiene más fundamento legal dentro de la ley. O sea, están más obligadas las autoridades porque se hace en base a la ley y al reglamento interno”.
Incluso, sobre la acusación hecha contra la Fiscalía de Oaxaca, por la pérdida del expediente de denuncia de Alejandro Leyva, refirió que la DDHPO tuvo que haber comenzado un expediente de queja y no estacionarse en un discurso mediático.
“La Defensoría tiene su reglamentación jurídica, tiene sus facultades y sostiene obligaciones que debe cumplir con base en sus facultades, pero también la Defensoría tiene sus facultades y sus obligaciones. Y eso lo marca la ley y lo determina su reglamento interno, que una de ellas es emitir medidas cautelares en una situación de riesgo. Al no haberlo hecho, efectivamente, también no cumplió con sus obligaciones de proteger los derechos humanos del periodista Alejandro Leyva”.
“Hay que resaltar que las medidas cautelares son para prevenir un daño irreparable y máximo; si en ese momento ya había presentado la denuncia, ya había presentado la queja, claro que tenía que actuar de inmediato, tenía que actuar la Defensoría”, dijo.
“(Si hay un) cuaderno de antecedentes y en vía de colaboración gira un oficio y no tiene respuesta inmediatamente, tiene que iniciar el expediente y decretar medidas cautelares. Que ya las medidas cautelares tienen más peso jurídico, más fuerza”, reiteró.
Piden protección para familia
El abogado oaxaqueño demandó a las autoridades de la DDHPO y del mecanismo federal emitir medidas cautelares y de protección para la familia de Alejandro Leyva, pues se encuentran en riesgo.
“Se tiene que emitir una medida cautelar desde la Defensoría; la FGR también tiene que emitir medidas de protección a la familia y también el Mecanismo Nacional puede incorporar a la familia, que eso también es muy importante”, resaltó.