La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) veló una investigación penal contra la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, por su probable participación en el delito de simulación de secuestro. Las indagatorias oficiales, presentadas esta semana, señalan que la funcionaria fingió una privación ilegal de la libertad ocurrida el pasado 31 de mayo en dicho municipio con el propósito de justificar un desfalco de 40 millones de pesos del erario público.
Este entramado legal tomó un giro público mayor al revelarse que, pocos días antes de su supuesto rapto, la alcaldesa denunció penalmente a cuatro comunicadores de la región por reportar temas de su administración. Según los registros del expediente, Nápoles Pacheco acusó a los reporteros de ejercer violencia digital en su contra, argumentando que el trabajo crítico de la prensa la revictimizaba frente al acoso en redes sociales.
Ante la gravedad de las imputaciones estatales, la presidenta nacional del partido Morena, Ariadna Montiel Reyes, solicitó formalmente a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) iniciar un procedimiento de suspensión de derechos partidarios contra la edil. El anuncio mediante comunicado, establece una medida cautelar inmediata para investigar las conductas de la servidora pública bajo los estatutos éticos de la organización política.
Por su parte la agrupación 100 Periodistas por el Estado de México, había exigido frenar la criminalización de la libertad de expresión en Tenancingo debido a que la alcaldesa interpuso la denuncia el 26 de mayo de 2026 contra los analistas Ángel Ávila Calvo, Alejandro López Vasquez, Ramón Castañeda Mondragón y Arturo Escobar Sánchez, integrantes del espacio informativo ‘La Madeja Política de Tenancingo’. En dicha querella, tramitada ante la Fiscalía Especializada en Violencia de Género en Metepec, la funcionaria exigía una indemnización económica de 125 mil pesos a cada uno de los comunicadores.
Las autoridades de la fiscalía mexiquense informaron que la narrativa del secuestro fue completamente armada por familiares directos de la presidenta municipal, específicamente por su esposo José Roberto ‘N’ y su cuñado Oscar ‘N’, quienes planeaban obtener el dinero del rescate directamente de los fondos municipales para ocultar un faltante financiero preexistente. La policía del estado detuvo en Oaxaca a tres personas implicadas en la ejecución material del plan, identificadas como Karla Valeria ‘N’, Víctor Manuel ‘N’ y Christian ‘N’. Las videograbaciones analizadas por los peritos demostraron que la alcaldesa abordó el vehículo de los supuestos captores por voluntad propia, sin muestras de sometimiento o fuerza física.
Por su parte, la presidenta municipal Nancy Nápoles grabó un mensaje en video donde negó rotundamente la existencia de un desfalco financiero y defendió la transparencia de su gestión al frente del ayuntamiento. La funcionaria aseguró que las acusaciones de la fiscalía forman parte de una campaña de desprestigio con trasfondo político operada por subalternos de la Secretaría General de Gobierno del estado. Las autoridades judiciales fijaron la audiencia de formulación de imputación para el próximo 9 de julio, fecha en la que se determinará la situación jurídica de la alcaldesa, quien insiste en que se mantendrá en sus funciones públicas mientras se esclarecen los hechos.