El caso se volvió viral esta semana después de que el colectivo Huellitas de Esperanza difundiera videos donde se observa cómo personal del ayuntamiento maneja con fuerza excesiva a Rocko durante su captura. Poco después de su traslado al albergue municipal, se confirmó su deceso por eutanasia.
Durante una reunión con activistas y rescatistas el 6 de mayo frente al Palacio Municipal, el alcalde Fernando Huerta Cerecedo reconoció que el perro ya no estaba vivo. Explicó que la decisión se tomó debido a un incidente del año pasado en el que presuntamente mordió a una persona, aunque los activistas señalan que en ese momento Rocko se encontraba en su zona habitual y que no se realizó una valoración adecuada de su comportamiento.
Huerta informó que destituyó a los responsables directos por no seguir los protocolos establecidos en el artículo 56 del reglamento municipal, que exige coordinación entre el centro de bienestar animal, jurisdicción sanitaria y organizaciones protectoras antes de considerar la eutanasia. Sin embargo, los colectivos animalistas anunciaron que procederán legalmente contra las personas involucradas.
En Oaxaca, el maltrato animal está tipificado como delito en el Artículo 419 del Código Penal. Las reformas recientes establecen penas de 5 a 8 años de prisión, que pueden aumentar hasta 10 años cuando se priva de la vida al animal. Las autoridades tienen facultades para investigar de oficio estos casos.