La defensa legal de Juan Antonio Vera Carrizal, señalado como presunto autor intelectual del ataque con ácido contra la saxofonista María Elena Ríos, solicitó formalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que el expediente regrese a los tribunales federales con sede en Oaxaca.
El abogado Edgar López García argumentó que el proceso debe ser resuelto por el Tribunal Colegiado local para garantizar una resolución técnica y evitar que las presiones políticas o mediáticas influyan en la decisión del Máximo Tribunal del país.
Durante una movilización frente a la sede de la SCJN, el equipo legal denunció que el caso se ha mantenido estancado por casi dos años debido a factores externos.
Según la defensa, existen resoluciones previas que favorecen a su cliente pero que han sido revertidas mediante recursos que califican de irregulares.
Asimismo, señalaron que la permanencia de Vera Carrizal en prisión, pese a un fallo de inocencia emitido en agosto de 2024, responde a una “ideología política” y no a un sustento jurídico sólido.
En el oficio entregado al ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar, Vera Carrizal manifestó que el proceso ha estado plagado de violaciones al debido proceso y falta de acceso a pruebas.
En el documento también se menciona una disputa en torno a la reparación del daño solicitada por la víctima, la cual asciende a 87 millones de pesos, sugiriendo que existen intereses económicos que han enturbiado el desarrollo del juicio en instancias superiores.
Finalmente, la defensa extendió un llamado al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Hugo Aguilar, para que actúe con independencia y no tolere presuntas conductas arbitrarias atribuidas a la ex presidenta del tribunal, Berenice Ramírez Jiménez.
Con esta petición, buscan que el caso regrese a su jurisdicción original en Oaxaca, donde confían en que el órgano judicial retome la autonomía necesaria para dictar una sentencia definitiva apegada a la legalidad.