Autoridades comunales de San Francisco Coatlán acusaron a los gobiernos federal y estatal de criminalizar a 20 comuneros —seis mujeres y 14 hombres— que han realizado múltiples protestas ante el incumplimiento de las autoridades a diversos acuerdos signados para la construcción de la autopista Barranca Larga-Ventanilla.
En coordinación con organizaciones no gubernamentales, las autoridades agrarias denunciaron que la Fiscalía General de la República (FGR) inició las carpetas de investigación FED/OAX/HUA/1261/2025 y su acumulada FED/OAX/HUA/1260/2025 en contra de comuneros y comuneras representantes activos del comisariado de bienes comunales, tras una serie de protestas efectuadas en 2025 en exigencia del cumplimiento de acuerdos.
El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) y el Comité por la Defensa, la Justicia, la Autonomía y el Territorio de San Francisco Coatlán refirieron que las denuncias penales fueron promovidas por el representante legal de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), por el delito de oposición a que se ejecute una obra o trabajos públicos.
Las personas denunciadas son Cirilo Ruiz, Abel Osorio Martínez, Demetrio Bautista, Alberto Ruiz, Hermilo Jiménez Osorio, Guillermo Jiménez Bautista, Manuel Canseco Hernández, Guillermina Juárez Bautista, Felipe Jiménez V., Ubaldo Canseco J., Priscila Jiménez Martínez, Jazmín Jiménez Bautista, Marciano Bautista Juárez, Eusebio Jiménez Jiménez, Felicita Canseco Jiménez, Fernando Jiménez Venegas, Bellarmino Bautista, Victorino Ruiz Ruiz, Hilaria Jiménez Osorio e Imelda Jiménez Canseco, quienes son integrantes del Comisariado de Bienes Comunales y de la comunidad de San Francisco Coatlán, acusados por presuntos delitos derivados de la defensa de su territorio y sus derechos comunitarios por hechos del 6 de junio de 2025.
El Cedhapi recordó que, durante el año 2008, se inició la construcción de la autopista Barranca Larga-Ventanilla, la cual permaneció suspendida durante varios años y fue retomada en el 2020. Los trabajos de la obra concluyeron en 2024, periodo en el cual el gobierno federal y estatal, así como la empresa COCONAL, efectuaron diversas promesas y compromisos con las comunidades que integran la región de los Coatlanes, entre ellas San Francisco Coatlán.
Sin embargo, los denunciantes acusaron que los acuerdos nunca fueron cumplidos, provocando un enfrentamiento armado con víctimas mortales. El 23 de marzo de 2025, en el paraje El Limar, se efectuó un enfrentamiento entre habitantes de San Francisco Coatlán y San Sebastián Coatlán, donde varias personas perdieron la vida y otras resultaron lesionadas.
Este hecho fue ocasionado por la falta de comunicación y cumplimiento de acuerdos de la empresa COCONAL que se había comprometido con los habitantes de San Francisco Coatlán de permitir recolectar la madera talada por la empresa por los trabajos en la carretera en el paraje El Limar, pero tanto la empresa COCONAL, el gobierno del estado y el gobierno federal no informaron a las autoridades de San Sebastián Coatlán sobre este compromiso y fue así que se dio este enfrentamiento entre comunidades.
Agregaron que, hasta la fecha, ni el gobierno federal, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, ni la Secretaría General de Gobierno ni la empresa COCONAL han cumplido con los compromisos establecidos.
La criminalización de defensoras y defensores del territorio en Oaxaca es un problema grave y persistente, caracterizado por el uso del sistema penal para hostigar, detener y desmovilizar a personas y comunidades que defienden sus tierras, recursos naturales y autonomía frente a megaproyectos y actividades extractivas; se destaca el uso de la fuerza pública en acciones de represión por parte de elementos de seguridad, Guardia Nacional y policía estatal durante protestas pacíficas; es frecuente el hostigamiento, amenazas y estigmatización contra representantes agrarios y comunales que respetan y hacen valer los acuerdos de sus asambleas.
Ante ello, demandaron la no criminalización de las y los representantes de bienes comunales de San Francisco Coatlán, la cancelación de las carpetas de investigación y el respeto a los acuerdos de Escazú.