En Juchitán de Zaragoza, la violencia no es un desorden: es un orden en disputa. Lo que se observa no es únicamente la acción de grupos criminales, sino la evidencia de un Estado que no logra -o no decide- ejercer el control del territorio.
Los operativos van y vienen. Cambian de nombre, de uniforme, de discurso. Pero el resultado es el mismo: homicidios, extorsión, miedo. La lógica es repetitiva y estéril.
Se detiene a algunos, se anuncia un golpe “contundente”, y en cuestión de días el vacío se llena. La violencia no retrocede; se reorganiza. Insistir en esa fórmula no es estrategia: es simulación institucionalizada.
El guión oficial es siempre el mismo. Anuncios de despliegues, promesas de control, detenciones que se presentan como logros. Pero en el terreno, nada cambia. O peor: todo empeora.
Cada intervención genera nuevos reacomodos criminales y más violencia. No es una estrategia fallida por accidente; es una estrategia que, en los hechos, no está resolviendo absolutamente nada.
Sostener este modelo ya no es un error, es terquedad política.
Las cifras desmontan cualquier narrativa oficial. En lo que va de 2026, Juchitán acumula al menos 14 homicidios dolosos en registros conservadores, mientras recuentos periodísticos elevan la cifra a más de 30 asesinatos en apenas unos meses que oficialmente son ocultados. En 2025 registró cerca de 50 homicidios, manteniéndose como el municipio más violento del estado.
No se trata de percepciones: se trata de una tendencia sostenida que confirma que la violencia no está contenida en el Istmo de Tehuantepec, eje estratégico del Corredor Interoceánico y en especial Juchitán.
En ese contexto, la administración del gobernador Salomón Jara Cruz enfrenta un cuestionamiento que ya no puede eludir. No basta con desplegar fuerzas ni con reiterar compromisos.
La persistencia del problema obliga a mirar hacia dentro: hacia las corporaciones policiacas, hacia las cadenas de mando de seguridad, hacia los espacios donde la frontera entre autoridad y crimen se vuelve difusa.
Los señalamientos sobre posibles vínculos, tolerancias o infiltraciones no han sido disipados con claridad.
La Fiscalía de Oaxaca al mando de Bernardo Rodríguez Alamilla, se ha visto tibia y hasta cooptada por el primer círculo de poder que no le permite realizar un trabajo de fondo que le ayude a llegar al que pareciera más una leyenda, el comandante Cromo, a quien le achacan los múltiples crímenes en esa ciudad.
Y esa omisión tiene consecuencias. Porque en territorios como Juchitán, la sospecha no es un asunto menor: es un factor que redefine la relación entre ciudadanía y gobierno. Cuando la confianza se rompe, el Estado deja de ser garante y se convierte en incógnita. Y Salomón Jara, cabeza de gobierno en el estado, ha perdido el control de la seguridad.
Su secretario de seguridad Félix Quiroz Javier simplemente no funciona, porque el mando lo tiene el secretario de gobierno Jesús Romero López, es quien maneja el aparato de seguridad en Oaxaca y de ahí los pésimos resultados en esta área estratégica que hoy ocupa el séptimo lugar como el estado con más homicidios en el país, desmintiendo las cifras alegres del encargado de la política interna.
El costo social es profundo y acumulativo. La violencia ya no sorprende: organiza la vida. Comerciantes que pagan por operar, comunidades que ajustan sus rutinas al riesgo, jóvenes expuestos a dinámicas donde la ilegalidad ofrece más certezas que la precariedad. Lo que se erosiona no es solo la seguridad, sino la noción misma de una comunidad.
Y lo más ruin y cobarde es la utilización de niños como “burreros”, como vehículos para el transporte de estupefacientes y nadie dice nada, todos callan. Reclutamiento de adolescentes como “halcones” o sicarios. Gravísimo.
En el plano económico, el deterioro es igual de evidente. Juchitán, enclave estratégico del Istmo de Tehuantepec, se encuentra atrapado entre su potencial económico y su realidad.
Mientras se proyectan corredores logísticos y desarrollo regional, en el terreno prevalece una economía condicionada por la extorsión y la violencia. No hay inversión sostenible donde el control es incierto.
El problema de fondo no es la ausencia de operativos, sino la ausencia de resultados estructurales.
La seguridad no se construye con despliegues temporales, sino con instituciones confiables, inteligencia efectiva y una ruptura clara con cualquier forma de complicidad. Nada de eso se ha consolidado y eso lo sabe perfectamente Jara Cruz.
Y ahí está el punto que el discurso oficial evita: la corrupción desde los mandos de seguridad y desde las instituciones públicas.
Porque lo que ocurre en Juchitán no se explica solo por la fuerza de los grupos criminales, sino por la debilidad -y en algunos casos la abierta descomposición- de las estructuras de gobierno. Ninguna organización delictiva se sostiene en el tiempo sin protección, sin filtraciones, sin redes que le permitan operar con margen de maniobra.
Aquí ya no hablamos de fallas administrativas. Hablamos de condiciones que permiten la continuidad del fenómeno. La corrupción deja de ser una hipótesis marginal y se convierte en una variable explicativa central. Sin ella, las cifras no se sostienen. Sin ella, la permanencia del problema no se entiende.
No se trata de rumores aislados. Se trata de una percepción social extendida que mina la credibilidad institucional. Cuando la ciudadanía sospecha de sus propias autoridades, el problema deja de ser únicamente criminal y se convierte en político. La pregunta ya no es quién controla el territorio, sino si el Estado realmente lo está disputando.
Mientras tanto, la población quedó atrapada. Comerciantes pagando extorsión para poder abrir, negocios incendiados como mensaje, familias que reorganizan su vida alrededor del miedo. La violencia ya no irrumpe: administra. Define horarios, impone reglas y decide quién puede trabajar y quién no.
Eso tiene un nombre: es la pérdida de control.
Negarlo es insostenible. De ahí la importancia de que a todos los actores políticos a los que se les ha mencionado de estar inmiscuidos deben ser investigados para deslindar responsabilidades. Pero sobre todo a los grupos que se pelean la sucesión municipal, no pueden tener a un pueblo de rodillas, eso es inaudito.
Aquí ya no basta hablar de omisiones.
La magnitud y persistencia de la violencia obligan a plantear algo más grave: que dentro del aparato público existen intereses que, por acción o por conveniencia, permiten que el problema continúe. La corrupción deja de ser una sospecha aislada y se perfila como un componente estructural del conflicto.
Bajo estas condiciones, cada operativo fallido, cada estrategia que no cambia nada, cada discurso que promete lo que no ocurre, termina reforzando la misma conclusión: no se está combatiendo el problema de fondo.
Porque no se quiere, o porque no se puede. Así de claro.
Juchitán no solo enfrenta al crimen organizado. Enfrenta un entramado donde la línea entre autoridad y delincuencia se vuelve peligrosamente tenue. Y mientras esa línea no se trace con claridad -con investigaciones reales, con sanciones visibles, con una ruptura efectiva de complicidades-, la violencia no solo continuará.
¡Seguirá gobernando!
Porque al final, la violencia que asfixia a Juchitán no se sostiene solo con armas, sino con permisividad. Ningún grupo criminal opera durante tanto tiempo sin algún nivel de protección, omisión o complicidad desde el poder. Ahí está el punto más incómodo y, al mismo tiempo, el más evidente: la corrupción como engranaje que permite que todo lo demás funcione.
La violencia no está ganando terreno por casualidad. Está ocupando el espacio que el gobierno de Salomón Jara ha dejado vacío.
Mientras no se investiguen a fondo las redes dentro de las propias instituciones, mientras no se rompan los pactos -explícitos o implícitos- que garantizan impunidad, cualquier estrategia de seguridad será apenas una puesta en escena. Porque no se puede combatir al crimen desde estructuras que, en distintos niveles, terminan beneficiándolo.
Juchitán no solo enfrenta a la delincuencia. Enfrenta un sistema donde la corrupción deja de ser una falla para convertirse en condición. Y mientras eso no cambie, la violencia no será un exceso: será una consecuencia lógica.
Juchitán es hoy un síntoma. Un espejo incómodo de lo que ocurre cuando la estrategia se agota, la narrativa oficial insiste y la realidad desmiente. La pregunta ya no es qué falta por hacer, sino qué no se ha querido hacer.
Porque mientras el Estado administra la crisis, otros la gobiernan. Y si no se atienden las causas estructurales (economía, corrupción, control territorial), los operativos de seguridad por sí solos difícilmente resolverán el problema.
Pobre Juchitán.
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