La tensión entre el Gobierno de Oaxaca y la base trabajadora escaló este día con la toma de complejos gubernamentales y el inicio de una jornada de “brazos caídos”.
Los empleados de los tres poderes —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— exigen un alto a lo que denominan una aplicación irregular del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y denuncian la falta de respuestas por parte del gobernador Salomón Jara Cruz, así como del Comité Ejecutivo del STPEIDCEO, al cual califican de impuesto y ajeno a los intereses de la base.
Desde las primeras horas de la mañana, los contingentes se concentraron en las entradas de Ciudad Judicial, Ciudad Administrativa y diversas oficinas del Centro Histórico para visibilizar su inconformidad y exigir respeto a sus derechos laborales.
Bajo consignas que demandan unidad y el fin del “charrismo sindical”, los manifestantes advirtieron que la movilización no se detendrá hasta lograr soluciones reales que protejan su economía ante las nuevas retenciones fiscales.
Ante el conflicto, la protesta ha comenzado a transitar hacia la ruta jurídica con la firma del primer escrito formal que dará inicio a la defensa legal de los burócratas.
Los representantes del movimiento enfatizaron que es fundamental que la inconformidad tome forma legal, por lo que hicieron un llamado a todos los empleados para suscribir este instrumento jurídico, al referir que quienes no participen en este listado estarán dejando pasar un paso clave en la protección de sus derechos frente a lo que consideran una medida arbitraria.
Por su parte, el Poder Judicial de Oaxaca emitió un comunicado oficial en el que aclaró que la retención del ISR es un mandato legal federal derivado de las Tarifas Progresivas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 28 de diciembre de 2025.
La institución subrayó que, aunque se trata de una obligación para todos los patrones del país, sus áreas financieras y jurídicas ya trabajan en la búsqueda de mecanismos legales para mitigar el impacto salarial provocado por la inflación y la normativa hacendaria.
Pese a este posicionamiento institucional, la base trabajadora mantiene su postura de rechazo y reafirma que la organización y la unidad serán los ejes determinantes en esta batalla.
Con la recolección de firmas en marcha, los trabajadores buscan consolidar un frente sólido para revertir la imposición fiscal, al afirmar que la movilización en las calles y la estrategia en los tribunales avanzarán de manera paralela hasta obtener una respuesta clara del Ejecutivo estatal.
