La sucesión en la rectoría de la UABJO para el periodo 2026-2030 está marcada por una intensa guerra política y sindical, con elecciones fijadas para mayo próximo, cuyo proceso enfrenta retos de transparencia, injerencia externa y la necesidad de autonomía frente al Ejecutivo estatal, donde la elección se percibe más como una batalla política que académica y la cual ha entrado en una fase crítica, marcada por la instalación formal del Colegio Electoral.
Aunque el gobernador Salomón Jara Cruz ha intentado desmentir por todos lados que no tiene injerencia en el proceso sucesorio de la Rectoría en la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), los hechos lo delatan y solito se mete el balazo en el pie, al haber autorizado apenas este seis de abril un paquete de “obras emergentes” de infraestructura educativa por $7,558,540.00 a través de la Secretaría de Finanzas.
Por supuesto que la aprobación de cuatro obras en total no tendría nada de malo, al contrario, es en beneficio del alumnado de la Máxima Casa de Estudios, pero lo realiza en pleno proceso electoral, faltando escasamente un mes para tener nuevo Rector con miras a fortalecer a su candidato oficial y con ello intenta cooptar a los líderes universitarios.
Mientras la administración del rector de la UABJO, Cristian Eder Carreño López, enfrenta diversos señalamientos de presunta corrupción, opacidad e injerencia política en el marco del proceso de sucesión rectoral previsto para mayo de 2026, también le han hecho diversas acusaciones públicas sobre la venta de impunidad, al intentar negociar protección por las irregularidades financieras detectadas por la ASF, presuntamente “entregando” la rectoría a intereses del gobierno estatal actual para evitar sanciones resarcitorias o penales.
El pasado 14 de abril, de acuerdo con el citatorio de aviso y los documentos de las obras aprobadas en poder de este espacio, el Comité Universitario de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, que preside el rector Carreño López y cuyo secretario Técnico es Enrique Mayoral Guzmán, aprobaron sin contar con el quórum legal el paquete de “obras emergentes”.

Algunos integrantes del mismo Comité nos escribieron vía correo para denunciar que Mayoral Guzmán, quien al mismo tiempo es el presidente del Colegio Electoral, su empresa constructora, de nombre Grupo Mayoral, Consultoría Inmobiliaria Integral sería la que estaría a cargo de realizar las obras en la UABJO. Imagínense ustedes apreciables ciberlectores si este señalamiento se confirma, entonces sí habría cooptación mediante las obras en el proceso sucesorio.
Eso es precisamente lo que se cuestiona, la cooptación de estos líderes universitarios hoy prósperos empresarios para inclinar la balanza en la sucesión rectoral de la Máxima Casa de Estudios, la cual enfrenta hoy una situación financiera crítica con observaciones de la Auditoría Superior de la Federación de $101.9 millones de pesos del 2024 a través de la auditoría 1476 del programa Subsidio a Universidades Públicas Estatales (UPES) de la Cuenta Pública.
La ASF determinó el pliego de observaciones 024-4-99055-19-1476-06-001 al erogar la cantidad arriba citada, donde dos personas eran las que realizaban la subcontratación de personal para realizar tareas especializadas.
Sin embargo, el órgano fiscalizador federal observó que las actividades y funciones realizadas eran administrativas, académicas y financieras y por ende no cumplían con la condición de “Especializadas” que señala la Ley Federal del Trabajo, ya que son actividades propias de las áreas de la universidad, por lo que es imposible la subcontratación de personal conforme a los artículos 12, 13, 14, 20 y 21 de la citada ley.
Aquí el problema y los señalamientos que se han dado es que presuntamente se desviaban los recursos a través de empresas outsourcing, investigación que finalmente la misma ASF tendrá que determinar si hubo o no daño patrimonial al erario.
Otro de los grandes errores de Cristian Carreño fue haber pactado con Jesús Romero López, secretario de gobierno, pensando que a través de él podría lograr llegar con el gobernador Salomón Jara, sin embargo, esto no fue así, porque se tiene confirmado que quien llevó al rector con Jara fue precisamente Farid Acevedo López, y le dedicó escasamente cinco minutos solo para encargarle la sucesión rectoral, no hubo más diálogo.
¡Vergonzoso papel!, pero además no olvidemos que Jara es un gobernador que no cumple su palabra, si es que hubo pacto de impunidad, que lo dudo, puesto que hasta donde nos enteramos a Carreño López no le ofertaron nada, ni diputación ni la capital, salió de Palacio de Gobierno sin ninguna propuesta concreta.
Habría sido más digno para el Rector mantenerse al margen de gobierno sin inclinar la balanza.
LAS OBRAS A CAMBIO DE VOTOS
La primera obra autorizada es la rehabilitación de circuito interior y explanada de acceso en Ciudad Universitaria del Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa Superior Remanentes por un monto de $2,664,605.00 con número de obra AUT/0233260243/2026.
La segunda es la construcción de una velaria en la explanada del edificio “B” de la Rectoría 3ª Etapa por un monto de $1,325,420.00 con número de obra FAM-IES-REM/0236/260246/2026.
Una tercera obra es la rehabilitación de obra exterior en la Facultad de Cultura Física y Deporte con una inversión de $1,235,515.00 con número de obra FAM/IES/REM/0243/260273/2026.
Y la cuarta es la construcción de obra exterior para la Facultad de Ciencias Químicas y Facultad de Gastronomía por un monto de $2.333.000.00 con número de obra FAM-IES-REM/0237/260269/2026.
Ahora bien.
Claro que el mal manejo de recursos o las observaciones administrativas no son privativas de la presente administración de la UABJO, en contexto podemos confirmar que existen dos deudas históricas que arrastra la Universidad, una de Eduardo Martínez Helmes en su periodo de 2012-2016 que asciende al 9 de marzo de 2026 a un monto de $87,056.721.84 y que a la fecha sigue vigente.
El segundo es del exrector Eduardo Carlos Bautista Martínez, periodo 2016-2022 por un monto de $705,157,470.81 la cual se encuentra en la fase de investigación de la ASF y se presume un probable daño al erario.
Es importante resaltar que pese a que el rector Cristian Carreño se comprometió a una plática con esta escribiente para aclarar lo que él llama imprecisiones, ya no dio la cara, se le esperó una semana y no hubo respuesta. El que calla, otorga, reza el adagio popular.
Así que quien gane la Rectoría de la UABJO, sea Enrique Martínez o Farid Acevedo, se van a encontrar con un hoyo financiero de escándalo, muy preocupante, porque la deuda histórica más lo que se acumula con Carreño López se han vuelto impagables.
Además de que esta sucesión se considera determinante para definir el “rumbo universitario” de la próxima década. El ganador deberá equilibrar las demandas de democratización interna con la necesidad de modernización académica y administrativa exigida por organismos evaluadores externos y a ver si le permiten limpiar la casa.
DE COLOFÓN:
Se acaba la “extorsión” a municipios por parte de la ASFE-Oaxaca
Oigan, los que están felices son las y los ediles de diversos municipios de Oaxaca, porque el pasado 13 de abril la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la fiscalización de los recursos federales ejercidos por los municipios corresponde a la ASF y no a órganos locales, es decir, en la entidad, a la ASFE donde despacha la esposa de Jorge Gandarillas y que ha sido duramente criticada, Sarahí Noriega Ricárdez.

La Corte declaró inválidos el informe de resultados y los acuerdos del Congreso de Tlaxcala que dieron por revisada y fiscalizada la cuenta pública del municipio de Contla de Juan Cuamatzi con base en auditorías practicadas por el órgano estatal. Lo mismo hizo con Zacatecas donde invalidó dos oficios dirigidos al municipio de Río Grande de esa entidad federativa.
La Corte les metió un freno por abusivos y al menos se les acabará el negocio y la extorsión contra las y los presidentes municipales, ahora éstos ya saben a dónde acudir.
Se burlan mototaxistas de Jara en Juchitán y matan a otro en Tehuantepec
Con bombo y platillo llegó el gobernador Salomón Jara Cruz ayer a Juchitán para poner en marcha lo que llamó el plan “Pacto por la Paz de Juchitán de Zaragoza”, con el objetivo de atender las causas, recuperar espacios y fortalecer la confianza ciudadana hacia el gobierno y reconoció la inseguridad declarando un combate frontal contra la delincuencia.
Pero, a tan solo 500 metros de distancia donde el gobernador Salomón Jara Cruz se pronunciaba para regular el mototaxismo en Juchitán, un grupo de ellos tomaba por asalto la sucursal de la Tienda Dinamo para presionar la entrega de un recurso para liberar la tienda por temas de adeudo de uno de sus agremiados.

Ni cuenta se dieron de que, en sus narices, los grupos de mototaxis, muchos de ellos se convirtieron en extorsionadores, operaban con toda la impunidad en un claro desafío al Mandatario oaxaqueño.
Y por si eso fuera poco, anoche mataron a una persona del sexo masculino en la Cuarta Sección de Santa Cruz Tagolaba en Tehuantepec, donde cerca del lugar donde yacía el cuerpo inerte se encontraba una bicicleta y un mototaxi.
Hasta parece burla. Mientras tanto las familias juchitecas siguen viviendo bajo el terror.
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