Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. – Con más de la mitad del sexenio transcurrido y una estela de violencia que no da tregua, el Gobierno de Oaxaca finalmente reconoció lo que las cifras y el clamor ciudadano han gritado por años: Juchitán es un territorio donde la delincuencia manda. En un acto que se percibe más como una reacción de emergencia que como una estrategia planificada, el mandatario estatal aceptó que los índices delictivos en la zona son insostenibles, intentando revertir con promesas una realidad que el discurso oficial ya no puede ocultar.
La confesión llega en el momento más crítico para el Istmo de Tehuantepec, una región estratégica que, a pesar de su relevancia económica, ha sido abandonada a su suerte frente a la extorsión y el cobro de piso.
Promesas de papel frente a una violencia imparable
El anuncio de un despliegue de fuerzas estatales y federales en Juchitán fue recibido con escepticismo por sectores que consideran que estas medidas llegan tarde. El plan, estructurado en cuatro etapas, pretende ver resultados hasta finales de 2026, un plazo que parece una eternidad para una población que vive bajo la zozobra diaria. Mientras el gobernador habla de recuperación del tejido social y confianza ciudadana, las calles siguen siendo escenario de ejecuciones y asaltos que los datos oficiales de la Fiscalía General del Estado ya no pueden maquillar.
Entre los puntos anunciados destacan:
Un esquema integral de seguridad que apenas inicia su fase de consulta.
La implementación de Senderos Seguros con videovigilancia, una medida técnica que poco puede hacer contra la estructura del crimen organizado que opera en la región.
Un compromiso de evaluación para los meses de septiembre y octubre, postergando nuevamente la rendición de cuentas inmediata.
Justicia y dignidad: ¿Realidad o retórica de salida?
El discurso del mandatario, plagado de frases como “cero tolerancia” y “combate frontal”, choca con la percepción de una administración que ha sido señalada por su complacencia, nepotismo y omisión durante los primeros años de gestión. La implementación de botones de auxilio y alumbrado público, aunque necesaria, resulta insuficiente para desarticular a los grupos que hoy controlan la economía local mediante la extorsión sistemática.
La exigencia social en Juchitán es clara: menos puestas en escena y más resultados tangibles. El reconocimiento de la falta de seguridad es un paso, pero para muchos juchitecos, es un paso que se da cuando el daño al tejido social ya es profundo y difícil de reparar.
Al medio sexenio, el gobierno estatal se juega su última carta en el Istmo. Sin embargo, la sombra de la ineficacia de los años previos pesa más que los anuncios de hoy. Juchitán no necesita más etapas de diagnóstico, necesita recuperar la paz que la política de seguridad actual, por omisión o incapacidad, le ha permitido perder.
