La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró este martes 14 de abril de 2026 la invalidez del artículo 480 del Código Penal de Puebla, que tipificaba el delito de ciberasedio.
Por mayoría de votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó este martes el delito de ciberasedio en el estado de Puebla. La resolución declara inconstitucional el artículo 480 del Código Penal local, reformado en julio de 2025, al considerar que su redacción ambigua no permite a los ciudadanos identificar con claridad las conductas que están prohibidas.
El proyecto del ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía, aprobado por los ministros, argumentó que la norma viola el principio de taxatividad y el de legalidad, además de representar una posible restricción desproporcionada a la libertad de expresión. El artículo sancionaba con prisión de seis meses a tres años y multas a quien, a través de redes sociales o medios digitales, realizara actos de hostigamiento, intimidación u ofensa que afectaran la integridad emocional o la vida cotidiana de otra persona.
La acción de inconstitucionalidad fue promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La Corte determinó que los verbos utilizados en el tipo penal dependen de apreciaciones subjetivas y carecen de los elementos objetivos necesarios para una correcta aplicación del derecho penal.
La resolución tendrá efectos generales a partir de su notificación al Congreso de Puebla y efectos retroactivos en beneficio de las personas que ya hubieran sido procesadas por este delito desde su entrada en vigor en julio de 2025. El Congreso local deberá ahora replantear cualquier regulación sobre violencia digital respetando los principios constitucionales.
Autoridades del gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, y el Congreso estatal han señalado que acatarán la resolución de la SCJN. Pavel Gaspar, presidente del Congreso, confirmó que serán respetuosos de la decisión de los ministros.
Esta determinación reactiva el debate sobre cómo legislar la violencia en entornos digitales sin afectar la libertad de expresión, un tema que ha generado controversia en varios estados del país en los últimos años.
