La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó este jueves 26 de marzo de 2026 que un juez de control giró 16 órdenes de aprehensión contra exservidores públicos estatales, entre ellos el exgobernador Silvano Aureoles Conejo, por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura derivados del operativo realizado el 5 de abril de 2017 en Arantepacua, municipio de Nahuatzen.
Los hechos ocurrieron cuando elementos de la Policía Estatal y Federal llegaron a la comunidad purépecha para desalojar a un grupo de comuneros que mantenían un conflicto agrario con la comunidad vecina de Capácuaro. El operativo derivó en un enfrentamiento que dejó varios comuneros muertos y decenas de heridos, además de denuncias de detenciones arbitrarias y actos de tortura.
La FGE indicó que las órdenes fueron concedidas tras la integración de una carpeta de investigación ‘robusta, técnica y jurídicamente sustentada’, que incluyó labores de investigación de campo, análisis periciales y testimonios de víctimas y testigos. La dependencia refrendó su compromiso de combatir la impunidad y atender las legítimas demandas de las familias de las víctimas.
Entre los imputados se encuentran altos funcionarios de la entonces Secretaría de Seguridad Pública del estado, mandos policiales y otros exservidores públicos que participaron en la planeación y ejecución del operativo. Silvano Aureoles, quien gobernaba Michoacán en ese momento, es señalado como uno de los principales responsables políticos del despliegue policial.
Las órdenes de aprehensión serán cumplimentadas en las próximas horas por elementos de la Fiscalía y la Policía Michoacana. La FGE informó que continuará con las actuaciones correspondientes para el esclarecimiento pleno de los hechos y el cumplimiento de los mandatos judiciales.
El caso Arantepacua ha sido uno de los más controvertidos y emblemáticos de violaciones a los derechos humanos durante la administración de Silvano Aureoles. Organizaciones de derechos humanos y el Consejo Supremo Indígena de Michoacán han exigido durante años justicia para las víctimas y castigo a los responsables.
Este avance representa un paso importante en la búsqueda de justicia para las familias de Arantepacua, aunque aún quedan pendientes las investigaciones sobre la responsabilidad federal y la reparación integral del daño a la comunidad purépecha.
