Lo que inició el pasado 12 de marzo como una protesta laboral en una de las oficinas en la capital ha escalado hasta convertirse en un cierre total de todas las oficialías del Registro Civil de Oaxaca, sin que la Consejería Jurídica a cargo de Geovany Vásquez Sagrero intervenga.
Tras dos semanas de conflicto, los trabajadores de base mantienen cerradas las oficinas del Archivo Central y las sedes estratégicas de Armenta y López y Santos Degollado, en una movilización que ya cuenta con el respaldo de las diez delegaciones regionales de la institución, dejando a miles de ciudadanos sin acceso a trámites esenciales.
El detonante de la crisis es el rechazo generalizado hacia Andrea Salazar, jefa de departamento que presuntamente se niega a presentar su renuncia a pesar de haber sido requerida por la nueva administración.
Los manifestantes denuncian que la funcionaria ignora las instrucciones superiores del director Luis Alberto Sosa Castillo y continúa ejerciendo funciones de mando, lo que ha provocado un vacío de autoridad que impide la transición administrativa y mantiene suspendidos los servicios de identidad en la entidad.
Detrás de este paro de labores ha trascendido una disputa de poder en las cúpulas del gobierno estatal. Informes extraoficiales señalan un enfrentamiento directo entre el consejero jurídico, Geovany Vásquez Sagrero, y el director del Registro Civil, Luis Alberto Sosa Castillo.
Se presume que el consejero mantiene un bloqueo operativo para no perder el control político y económico de las oficialías, espacios que representan una fuente estratégica de influencia dentro de la administración pública.
A esta batalla por el control se suma una grave denuncia de corrupción que involucra un esquema de cobros indebidos. Según los reportes, existiría una recaudación ilegal de al menos 50 mil pesos semanales provenientes de diversas oficialías, lo que explicaría la resistencia a los cambios en el organigrama.
Mientras la pugna interna se intensifica, la ciudadanía oaxaqueña permanece como rehén de este desaseo institucional, enfrentando costos económicos y sociales por la falta de actas y servicios jurídicos básicos.
