Oaxaca atraviesa un contexto complejo marcado por conflictos territoriales, violencia, imposición de proyectos y una creciente disputa por la tierra, el agua y los bienes naturales, condenó la Asamblea de Pueblos Indígenas por la Defensa y el Territorio (APIDT), que acusó la existencia de complicidad de autoridades con el crimen organizado.
A los fenómenos anteriores, se suman, afirmó, casos o procesos de despojo, “impulsados por intereses políticos, empresariales y grupos vinculados al crimen organizado, en un escenario donde el Estado muchas veces actúa con omisión o incluso complicidad”.
A la par, resaltó, se ha profundizado un clima de hostigamiento contra quienes defienden el territorio.
“Defensoras y defensores de derechos humanos, autoridades comunitarias, periodistas y personas que alzan la voz frente al despojo enfrentan amenazas, agresiones y campañas de criminalización.
“ En diversos casos se han abierto procesos de judicialización en contra de integrantes de comunidades y organizaciones que ejercen su derecho a la defensa del territorio, lo que evidencia el uso de mecanismos legales para intentar frenar las resistencias sociales”.
Este escenario, agregó, se enmarca también en el avance de grandes proyectos de infraestructura y extractivos que atraviesan el estado.
“Entre ellos se encuentra el llamado Corredor Interoceánico, la ampliación de carreteras, proyectos mineros en distintas regiones y proyectos energéticos en el Istmo de Tehuantepec, como parques eólicos impulsados por empresas privadas.
“Para muchas comunidades, estos proyectos forman parte de un entramado de intereses económicos que buscan reconfigurar el territorio para facilitar la explotación de recursos y el desarrollo de corredores logísticos, frecuentemente sin respetar los derechos de los pueblos que habitan esas tierras”.
Agregó que particular preocupación genera la situación en la costa de Oaxaca, donde comunidades y pobladores denuncian “un avance sistemático de proyectos turísticos e inmobiliarios que buscan apropiarse de territorios comunales y restringir el acceso a las playas.
“Este fenómeno no es aislado, sino parte de una dinámica que se repite en distintas regiones del país, donde actores políticos, empresas y grupos ligados a intereses económicos buscan privatizar espacios que históricamente han sido de uso colectivo.
“Frente a ello, comunidades costeras mantienen procesos de organización y defensa de su territorio, exigiendo respeto a sus derechos y al carácter público y comunitario de las playas”.
En medio de este panorama, diferentes comunidades y colectivos reiteran sus demandas ante situaciones de despojo, persecución y afectaciones a sus territorios:
Exigió la judicialización inmediata de la carpeta de investigación 27573/FEDH/FCTO/2020 por el delito de tortura cometido contra Fredy García Ramírez, garantizando el acceso a la justicia y el castigo a los responsables”.
Exigencias avances en el seguimiento a la carpeta de investigación 27573/FCOS/HUATULCO/2023 y la emisión de la ficha roja internacional para lograr la detención del agresor que se encuentra fuera del país.
Demandamos una reunión con la Presidenta del Tribunal para conocer la resolución de la apelación dentro de la causa penal 22/2021, con sede en el Juzgado de Ejutla de Crespo, en relación con la situación del PPL Javier Velázquez Herrera.
Exigimos justicia por los asesinados en 2017 en Ozolotepec, esclarecimiento de los hechos y castigo a los responsables.
Exigimos justicia para Eugui Roy a 6 años de su asesinato, basta de impunidad.
Exigimos justicia para Obed Espinoza Ramos a 1 año de su asesinato, su asesino Oscar Lara Ortega continúa en libertad y sin intención de reparar el daño.
“Exigimos respeto a los espacios de trabajo de las y los comerciantes organizados frente al Parque del Amor y garantía de permanencia en el lugar donde más de 200 familias han construido su sustento durante casi dos décadas.
“Exigimos la judicialización de la carpeta de investigación 33373/FVCE/CUDDI/Zaachila por el despojo de tierras a nuestros compañeros en la Tercera Etapa de Zaachila, Oaxaca”.
También demandaron castigo a los despojadores y devolución de las tierras a nuestros compañeros de Lomas de San Jacinto y San Jacinto Ampliación, solución al tema despojo de tierras de nuestro compañero Miguel Sanches en Salchi y justicia para las familias de Playa El Coyote, Santa María Huatulco, que resisten contra el despojo de sus tierras por parte del cártel del despojo encabezado por Israel Carreño Morales, vinculado a proceso por el delito de despojo (Causa Penal 103/2025). Cárcel al despojador.
También demandaron alto a la persecución legal contra los compañeros y compañeras Hortencia Chávez Ramos, Oralia Ramírez Chávez, Ernesto Chávez y Noe López Rojas, quienes defienden Playa El Coyote y un alto a la judicialización y amenazas contra los integrantes de la Legítima Sociedad Agrícola Ganadera El Coyul, principalmente contra Saúl Robles Aragón y Román Sosa Miñon.
