La movilización del 8 de marzo, realizada en el marco del Día Internacional de la Mujer, se ha convertido en uno de los principales espacios de protesta social en México para denunciar la violencia de género, los feminicidios y la impunidad institucional.
En Oaxaca, miles de mujeres salieron este domingo a las calles para exigir justicia, visibilizar la violencia que enfrentan diariamente y reclamar respuestas efectivas por parte del gobierno estatal.
Sin embargo, la actuación del gobierno encabezado por Salomón Jara Cruz ha sido objeto de fuertes críticas a nivel nacional debido al uso de la fuerza policial y a la manera en que se gestionó la protesta.
Y no es para menos la protesta de las colectivas, porque desde que inició el gobierno de Salomón Jara (diciembre de 2022) hasta 2026, organizaciones civiles han documentado más de 270 asesinatos violentos de mujeres en Oaxaca, lo que muestra que la violencia feminicida continúa siendo una crisis persistente en el estado, aunque Jara Cruz no lo reconozca y maquille las cifras.
Los datos disponibles evidencian que los asesinatos de mujeres siguen ocurriendo con frecuencia y que muchos de ellos permanecen en la impunidad.
Durante la marcha del 8 de marzo de 2026 en la ciudad de Oaxaca, colectivos feministas realizaron una movilización que partió desde la Fuente de las Ocho Regiones y avanzó hacia el centro histórico, reuniendo a miles de participantes que exigían justicia por feminicidios y desapariciones.
Aunque la manifestación fue en gran parte una expresión política y social legítima, la jornada terminó con intervención policial y con el desalojo por la fuerza de algunas manifestantes en el centro de la ciudad y la detención de cuatro de las colectivas que hacían justo reclamo a la fuerza policial ordenada por el secretario de gobierno, Jesús Romero López, el funcionario clave en operativos represores contra toda protesta en Oaxaca.
Uno de los principales cuestionamientos hacia el gobierno estatal es la criminalización de la protesta social.
Diversas organizaciones y colectivos feministas han señalado que el despliegue policial y las acciones de dispersión de la manifestación representan una respuesta desproporcionada frente a un movimiento que busca visibilizar la violencia contra las mujeres.
En contextos democráticos, el derecho a la protesta es un derecho fundamental, y su limitación mediante el uso de la fuerza pública puede interpretarse como un intento de desincentivar o controlar las movilizaciones sociales.
Otra falla importante del gobierno de Jara ha sido la falta de diálogo y prevención del conflicto. En lugar de priorizar mecanismos de mediación o de establecer canales de comunicación con las colectivas feministas antes y durante la movilización, la estrategia institucional se centró en la seguridad y el control del espacio público, le mandó a la fuerza pública, blindaron el Palacio de Gobierno, aunque las vallas fueron derribadas por las mujeres.
Esto refleja una visión que prioriza la protección de edificios e infraestructura por encima de la escucha de las demandas sociales. En muchos casos, este enfoque genera mayor tensión y puede provocar enfrentamientos entre manifestantes y autoridades.
Además, la represión policial en marchas feministas no es un hecho aislado en Oaxaca. El año pasado también se documentaron acciones similares, como el uso de gas lacrimógeno y balas de goma contra manifestantes durante protestas del 8 de marzo y lo más inaudito, un policía en el techo del Palacio de Gobierno con un arma de alto poder en posición de disparar.
Esa imagen se viralizó en las redes sociales, un hecho fue criminal y definió al gobierno de Jara como represor.
La repetición de este tipo de medidas indica un patrón institucional que prioriza el control policiaco de las manifestaciones en lugar de atender las causas estructurales de las protestas, como la violencia feminicida y la falta de justicia para las víctimas.
Otra crítica relevante se relaciona con la contradicción política del gobierno estatal. Salomón Jara pertenece a un partido que históricamente ha promovido discursos de justicia social, defensa de los derechos humanos y apoyo a los movimientos sociales, Morena, pero solo ha quedado en el discurso, en los hechos son gobiernos represores y autoritarios.
Sin embargo, cuando se enfrentó a una protesta feminista masiva, la respuesta institucional fue percibida por muchos sectores como represiva. Esta contradicción genera desconfianza entre los movimientos sociales y cuestiona la coherencia entre el discurso político y la práctica gubernamental.
Asimismo, la actuación gubernamental debe analizarse dentro del contexto de la violencia de género que enfrenta Oaxaca. Las marchas del 8 de marzo no surgen únicamente como actos simbólicos, sino como una reacción a una crisis persistente de feminicidios, desapariciones y agresiones contra mujeres.
En este sentido, el uso de la fuerza policial puede interpretarse como una respuesta superficial que no aborda el problema estructural de la violencia de género en el estado.
También es importante señalar que, en muchos casos, las manifestaciones feministas incluyen acciones de protesta como pintas o daños a edificios públicos, lo que genera debate sobre los límites de la protesta.
Pero, desde la perspectiva de los movimientos feministas, estas acciones se interpretan como expresiones de indignación frente a la impunidad y la falta de respuestas institucionales, como el caso de Oaxaca donde la mayoría de los crímenes de mujeres han quedado en la impunidad.
Cuando el gobierno responde principalmente con represión, corre el riesgo de profundizar el conflicto social y reforzar la percepción de que el Estado no está dispuesto a escuchar las demandas de las mujeres.
Y esto es justamente lo que hizo Jara Cruz y Romero López el pasado domingo, responder con la fuerza policial, demostrando una total falta de oficio político e ignorancia para abordar el problema.
Por ello, la respuesta del gobierno de Salomón Jara ante la marcha del 8 de marzo en Oaxaca evidencia varias fallas institucionales: la criminalización de la protesta, la falta de diálogo con los movimientos sociales, el uso desproporcionado de la fuerza pública y la ausencia de políticas eficaces para atender la violencia de género.
Estas fallas no solo afectan la relación entre el gobierno y los colectivos feministas, sino que también ponen en duda el compromiso real de las autoridades con la defensa de los derechos de las mujeres.
Para evitar que estos conflictos se repitan, es necesario que el gobierno estatal adopte un enfoque basado en los derechos humanos, el diálogo social y la implementación de políticas efectivas para prevenir la violencia feminicida en Oaxaca.
Y en cuanto a los feminicidios, para poder enfrentar esta situación es necesario fortalecer las políticas de prevención, garantizar investigaciones adecuadas, promover la igualdad de género y fomentar una cultura de respeto hacia los derechos de las mujeres.
Jara tiene que poner a trabajar a la Secretaría de la Mujer hoy a cargo de Rogelia González, que solo han sido discursos y selfies, pero cero trabajos preventivos.
Solo mediante un esfuerzo conjunto entre gobierno, sociedad civil y comunidad será posible reducir la violencia feminicida y construir un entorno más seguro y justo para todas las mujeres en Oaxaca.
¡Basta de autoritarismo y represión!
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