La ejecución del proyecto de mejora urbana “Oaxaca Camina” en el primer cuadro de la capital ha generado una serie de inconformidades entre locatarios y comerciantes de la zona. Aunque la ejecución técnica, administrativa y la responsabilidad de estos trabajos corresponden al Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca (Inpac), instancia del Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, ha intervenido de manera subsidiaria brindando apoyo logístico con maquinaria pesada y camiones volteo para el retiro de escombros, buscando agilizar la movilidad en las calles intervenidas.


A pesar de estos esfuerzos de coordinación, los locatarios del Mercado 20 de Noviembre han manifestado su preocupación por la acumulación de materiales de construcción que dificultan el acceso de los clientes a sus establecimientos.
Ante esta situación, los comerciantes han solicitado a las autoridades el retiro inmediato de los desechos, advirtiendo que, de no agilizarse los trabajos, buscarán alternativas para habilitar por cuenta propia los accesos a sus negocios y evitar mayores afectaciones económicas durante la temporada.


A esta tensión se suma el descontrol en la reubicación del comercio informal. Comerciantes representados por Guadalupe Díaz denunciaron que han sido movidos de lugar hasta en cuatro ocasiones, lo que refleja una nula planeación logística por parte de las autoridades.
Según los afectados, esta falta de orden no es accidental, sino una estrategia de los funcionarios para generar confrontaciones directas entre los distintos grupos de vendedores, delegando en los ciudadanos un conflicto que autoridades no ha sabido mediar.
La gestión de autoridades ha sido calificada como una “burla” por los sectores afectados, quienes acusan una falta de autoridad total en el manejo del espacio público.
En medio del desorden provocado por las excavaciones y cierres viales, los manifestantes denunciaron la aparición de 80 nuevos espacios de venta ambulante que operan sin permisos ni regulación alguna.
Esta situación ha alimentado las sospechas de favoritismo y corrupción, mientras el comercio establecido y los vendedores con antigüedad ven mermados sus ingresos por el cerco de las obras.









