La muerte de dos niñas de origen haitiano en el albergue de tránsito “Casa Pato” ha escalado a una crisis de derechos humanos con eco internacional. Mientras organismos de las Naciones Unidas y redes de defensa migratoria exigen una reestructuración urgente del sistema de cuidados, la mirada pública se posa sobre Irma Bolaños, presidenta honoraria del DIF Oaxaca, quien mantiene un hermetismo que organizaciones civiles califican como un “mutis” ante la gravedad de la negligencia institucional.
La Oficina en México de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) emitieron un pronunciamiento conjunto de solidaridad y exigencia. En un mensaje que evidencia las carencias del estado, la Acnur ofreció apoyo técnico para “fortalecer la supervisión” del albergue operado por el Sistema DIF Estatal para salvaguardar la dignidad y seguridad de las personas refugiadas bajo su custodia.
Y es que estos organismos internacionales no emiten comunicados conjuntos de este tipo ante cualquier incidente.
“Su pronunciamiento indica que consideran que hay riesgo de que los hechos no sean investigados con la rigurosidad que merecen”, señalan medios internacionales.
Por su parte, el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) lideró la indignación nacional al afirmar que lo sucedido no fue un accidente fortuito, sino una omisión criminal.
Bajo la consigna “Migrar no debe costar la vida”, el Imumi demandó una investigación pronta con perspectiva de niñez, género y antirracista, así como la revisión urgente de todos los Centros de Asistencia Social para garantizar la no repetición de estos hechos.
Organizaciones locales, encabezadas por Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, han señalado que la responsabilidad por acción u omisión escala hasta la alta dirección del organismo estatal.
Para los colectivos, sociedad civil y trabajadores del DIF Estatal, el silencio de Irma Bolaños ante el fallecimiento de las menores en una fosa séptica dentro de la institución pública es una muestra de la precariedad y el abandono en que se encuentran los centros de asistencia, al exigir que las sanciones no se limiten a empleados de bajo rango.
