Apenas una semana antes de su estrepitosa salida del DIF Estatal, Maribel Graciela Salinas Velasco sostuvo una postura de total normalidad institucional, al asegurar por escrito que no existía crisis alguna en los albergues bajo su cargo.
A través de un oficio con fecha 17 de febrero dirigido a la diputada federal María Fátima García León, la entonces funcionaria negó rotundamente las denuncias por desvío de recursos y falta de insumos, al afirmar que tras sus propias inspecciones no se detectó “ninguna condición de riesgo” para los menores de edad.
En el documento, Salinas Velasco calificó como falsos los señalamientos de trabajadores sindicalizados, insistiendo en que los centros contaban con todos los servicios necesarios para garantizar el bienestar de la niñez.
Sin embargo, este discurso de “orden y seguridad” se vio trágicamente desmentido por la realidad. Este mismo día, el fallecimiento de dos niñas migrantes originarias de Haití puso en evidencia las graves deficiencias en las instalaciones bajo resguardo o supervisión del sistema.
Las hermanitas menores perdieron la vida al caer en una fosa séptica que, presuntamente, no contaba con la tapa debidamente asegurada, un descuido fatal que expone la negligencia en el mantenimiento y la supervisión de los espacios destinados a proteger a la infancia vulnerable.
La tragedia de las pequeñas haitianas choca frontalmente con el informe de Salinas Velasco, quien apenas en enero de 2026 afirmaba haber realizado supervisiones exhaustivas sin encontrar anomalías.
El contraste entre los oficios que “limpiaban” su gestión y el reciente fallecimiento de las menores deja en el aire la interrogante de si la exfuncionaria mintió deliberadamente en sus reportes oficiales para ocultar la precariedad de los albergues, una situación que finalmente ha cobrado vidas y que confirma las alertas que trabajadores y esta reportera han documentado en los últimos días.
