En el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Oaxaca, la “transformación” tomó un rostro de crueldad. Lo que debería ser un refugio para la niñez vulnerable se ha convertido en un engranaje de “castigos con odio”, explotación laboral y un sistema de corrupción que, según denuncias de trabajadores y ex trabajadores, opera bajo la sombra de la presidenta honoraria, Irma Bolaños Quijano.
La desprotección es total: desde el racionamiento extremo de comida hasta el uso de métodos de tortura psicológica contra niños con discapacidad y adolescentes en crisis.
El origen del desprecio: El cierre de la alberca olímpica
Para el psicólogo Edmundo Matías, el declive humano de la institución tiene un punto de partida desde el cierre de la alberca olímpica del DIF. Este espacio, vital para la rehabilitación de personas con discapacidad, fue clausurado por instrucciones directas de la presidenta honoraria y poder trasladar todo a su escuela de natación.
“Desde allí empezó todo. Fue un golpe de realidad. Nadie dijo nada cuando nos enteramos de que la señora tenía su negocio de vida acuática, mientras el equipo de rehabilitación para personas con discapacidad quedaba a un lado.
Es muy importante para ellos el negocio; la familia de los funcionarios es lo más importante y la más respetada”, sentenció el profesionista.
Este acto marcó el inicio de una era donde el nepotismo desplazó a la misión institucional: hoy, las jefaturas están saturadas de familias enteras que se protegen entre sí mientras los niños sufren las consecuencias.
Cámaras Gesell: De herramienta diagnóstica a celdas de aislamiento
La perversión del sistema alcanzó niveles alarmantes con el uso de la Cámara de Gesell. Originalmente diseñada para la observación clínica, estos espacios han sido transformados en celdas de aislamiento.
Los trabajadores denuncian que las ventanas de estas cámaras fueron selladas con madera para evitar que el personal escuche los gritos de los niños encerrados.
“Es una cámara diseñada para observar, no para encerrar a un niño. La pintaron de negro y pusieron tapetes para que los niños estén tirados ahí. Me tocó ver cómo la cerraban con madera para que nadie escuchara nada”, relataron.
En este ambiente de encierro, se han documentado intentos de suicidio desgarradores. Se narra el caso de una adolescente que, tras ser humillada por la jefa departamental —quien le espetó que su madre no la quería y por eso la abandonó—, intentó quitarse la vida rasgándose las venas.
La respuesta oficial no fue el auxilio psicológico, sino la orden de limpiar la sangre y volver a encerrar a la menor.
“Castigos con odio” y la dieta del hambre
La comida se ha convertido en una moneda de tortura. “No son castigos normales, son castigos con odio”, señalan las trabajadoras.
Mientras los directivos se sirven banquetes, a los menores les miden las porciones a cuentagotas.
“Mamá” Juliana, empleada con décadas de servicio, relató que los niños piden más comida llorando y reciben como respuesta que “la nutrióloga no autoriza”.
Incluso en casos de desnutrición grave, la chef Gabriela Sánchez -ex trabajadora-cuestionó la falta de estudios médicos: “¿Cómo vas a sacar a un niño de la desnutrición dándole lo mismo a todos, como gazpachos de caja con cebolla?”.
La farsa ruin de la DDHPO: Pleitesía en lugar de justicia
En este escenario de horror, la actuación de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) resulta, según los denunciantes, lo más ruin del sistema.
La reciente supervisión encabezada por Elizabeth Lara Rodríguez es calificada como una farsa coreografiada. Los trabajadores denuncian que la Defensoría no hizo su trabajo, sino que se limitó a rendir pleitesía al poder estatal.
“Fue un montaje para engañar a la opinión pública. Sacaron todo lo viejo, limpiaron y pusieron cobijas nuevas solo para el video de la procuradora. La Defensora no se acercó a entrevistar a los adolescentes sola; siempre estuvo rodeada de los directivos denunciados”, denunció Mayra Flores.
La inacción de Lara Rodríguez resulta alarmante para los manifestantes, considerando que la denuncia detalla tortura psicológica y el uso de la Cámara de Gesell como celda de castigo por parte de Luz Gabriela González Pérez, jefa de la Casa Hogar 2.
Los testimonios indican que la DDHPO no solo ha fallado en emitir medidas cautelares para proteger a los menores, sino que ha permitido que la impunidad se prolongue por más de 12 meses, dejando a las víctimas a merced de sus presuntos agresores.
El pliego de quejas entregado al organismo defensor también documenta el caso de Nancy A. P., la adolescente que huyó del sistema para escapar de jornadas laborales extenuantes, y la entrega forzada de la menor Jaz a su agresora, autorizada por la procuradora Yarib Hernández.
Ninguno de estos eventos, que constituyen violaciones flagrantes a tratados internacionales y leyes estatales, fueron de peso para una defensora que se limitó a rendir un informe de que en el “DIF Estatal no pasaba nada”.
Rostros de la impunidad y miedo alzar la voz
Los trabajadores ponen nombre y apellido a los artífices del terror: Cristina Ramírez Vargas (Coordinadora de Albergues), Karina Guadalupe Pineda, Luz Gabriela González Pérez y Jadiel López Coheto. Estas personas son señaladas no solo por el maltrato directo, sino por orquestar una persecución contra el personal de base.
Alzar la voz tiene un costo: la fabricación de delitos ante la Fiscalía, el hostigamiento laboral y la vigilancia con micrófonos para evitar que los niños relaten sus penas.
“Si esto les pasara a sus hijos, ellos estarían sagresoraeñalando hasta las últimas consecuencias”, sentencian los empleados, quienes ahora miran hacia instancias internacionales ante el colapso moral de las instituciones oaxaqueñas que, en lugar de proteger, han decidido servirse de la miseria de los más vulnerables.
