La madrugada de este jueves 12 de febrero de 2026, la planta cementera de Cruz Azul en Ciudad Cooperativa, Tula, Hidalgo, fue escenario de un nuevo enfrentamiento armado durante la ejecución de una orden judicial de restitución emitida por un juez del Estado de México. La diligencia, encabezada por la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM), buscaba entregar la posesión del inmueble a los legítimos propietarios tras una disputa interna que data de 2020 y ha dejado varias muertes y pérdidas económicas.
Alrededor de las 4:00 horas, elementos de la Fiscalía del Edomex ingresaron al complejo para cumplir el mandato, apoyados perimetralmente por policías municipales de Tula y Atitalaquia, así como estatales de Hidalgo. Se reportaron detonaciones de armas largas y de grueso calibre dentro y en los alrededores de la planta, con explosiones que vecinos atribuyeron a bombas o cohetones. Las balaceras fueron audibles en comunidades cercanas como Pueblo Nuevo, San Miguel Vindhó y Montealegre, donde habitantes despertaron asustados y familias vivieron horas de incertidumbre.
La presencia policiaca cerró accesos carreteros a Ciudad Cooperativa, impidiendo el paso de vehículos y peatones. Hacia las 6:00 horas ingresaron ambulancias, aunque no se ha confirmado oficialmente número de lesionados o detenidos. En redes sociales se denunció que al menos una decena de personas que resguardaban las instalaciones fueron detenidas. Diversas escuelas de la región suspendieron clases como medida preventiva.
Durante la cobertura periodística, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo agredieron físicamente al reportero Alejandro Torres del medio Retrovisor, quien gritó por ayuda mientras realizaba su labor. Los policías le solicitaron identificación solo después de la agresión. El Gobierno de Hidalgo informó que su participación fue de apoyo perimetral y vigilancia ciudadana, sin intervención directa en la diligencia del Edomex, y negó lesionados.
La Fiscalía del Edomex confirmó la ejecución del mandato judicial y el ingreso para restituir la posesión. El conflicto por el control de la cooperativa ha generado bloqueos, violencia y pérdidas humanas desde 2020. Vecinos denunciaron que trabajadores que salían a laborar fueron interceptados con detonaciones para impedir el paso, cuestionando que el operativo haya sido de ‘seguridad perimetral a la población’. La zona permanece bajo vigilancia mientras se evalúa la situación.
