El excoordinador del Programa de Agronegocios, Jesús Pacheco Arango, presentó una denuncia formal ante las autoridades correspondientes en contra de Víctor López Leyva, secretario de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural (SEFADER), y Mario Robles González, subsecretario de Agronegocios.
La acusación señala presuntos delitos de peculado, tráfico de influencias y desvío de recursos públicos, fundamentados en la gestión de proyectos de inversión y contratación de personal técnico durante el último año.
De acuerdo con el denunciante, quien participó en la integración de más de 200 proyectos de inversión, se detectó un esquema de desvío de fondos a través de empresas fachada.
Pacheco Arango detalló que la empresa Prestadora de Bienes y Servicios FESKAL S.A. de C.V. recibió casi 30 millones de pesos por la supuesta contratación de 48 técnicos, mientras que el Grupo Comercial Moremy obtuvo cerca de 50 millones por 250 técnicos adicionales.
Estas operaciones se complementaban con el uso de facturas infladas por parte de la Distribuidora Comercial SICARU para justificar el gasto público.
La denuncia también expone irregularidades operativas de alta gravedad, como el pago de salarios al personal técnico en domicilios particulares y en efectivo, entregado en sobres amarillos para evitar el rastro bancario.
Asimismo, se señala un conflicto de intereses directo al detectarse que empleados de la empresa privada del subsecretario Robles González, denominada Agro Bin GanSack S.A. de C.V., figuran simultáneamente en la nómina oficial de la Subsecretaría de Agronegocios junto con prestanombres y exfuncionarios.
Finalmente, el documento acusa la manipulación de las reglas de operación publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno de Oaxaca para favorecer a estas empresas y permitir que diversos proyectos de agricultura accedieran a la aportación estatal máxima de 2 millones de pesos cada uno.
Jesús Pacheco Arango afirma contar con el acervo probatorio necesario para sustentar estas acusaciones, exigiendo que se castigue a los responsables bajo la premisa de que la tolerancia ante la corrupción es, en sí misma, un crimen. El denunciante protestó en Palacio Nacional.
