La bancada de Morena en el Congreso de Campeche se fracturó este fin de semana: 11 de sus 16 diputados rompieron comunicación con la gobernadora Layda Sansores San Román, acusándola de ejercer persecución política y presiones para aprobar una deuda pública de mil millones de pesos en la Ley de Ingresos 2026 a pagarse en 20 años, la gobernadora dijo que se trata de una “inversión”. El conflicto escaló hasta una sesión reservada donde los disidentes aprobaron reformas para restaurar el fuero constitucional, abrogado en 2016.
El desacuerdo inició hace dos meses con la presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos 2026, que incluía un crédito por mil millones para compensar recortes federales. El coordinador de Morena y presidente del Congreso, José Antonio Jiménez Gutiérrez, pidió analizarla a fondo y buscar alternativas sin endeudar al estado, lo que Sansores interpretó como traición. Desde entonces, el grupo disidente denuncia intimidación, reactivación de carpetas de investigación y vigilancia policial en el Congreso.
En respuesta, los 11 diputados (apoyados por aliados de MC, PT, PVEM, PRI y PAN) ajustaron la Mesa Directiva y aprobaron reformas a la Constitución local y la Ley Orgánica del Poder Legislativo para reinstalar el fuero, que protege de procesos penales sin desafuero. La medida beneficia a legisladores con indagatorias abiertas, incluido Jiménez Gutiérrez. La reforma requiere publicación en el Periódico Oficial del Estado y Sansores podría vetarla.
Sansores rechazó el regreso del fuero como ‘retroceso’ y abuso que aleja a políticos del pueblo, respaldando su eliminación en la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sheinbaum llamó a la serenidad en Campeche sin pronunciarse directamente sobre la fractura. La Fiscalía estatal negó diligencias ministeriales, calificando la presencia policial como ‘vigilancia preventiva’.
El rompimiento genera crisis interna en Morena Campeche y debate nacional sobre autonomía legislativa y fuero. Alcaldes morenistas rechazaron respaldar la restauración. La crisis continúa abierta, con posibles vetos o impugnaciones.
