¡Eres una calabaza!, ¡no sirves para nada!…¡mírenla, es una calabaza!
Así con esas expresiones de odio, desprecio y humillación, la titular de la Secretaría del Trabajo de Oaxaca, Edith Aracely Santibañez Bohórquez maltrata a las y los empleados de esa institución que contrario a sus funciones y responsabilidades de velar por el bienestar laboral de sus subordinados, hace lo contrario.
Logramos recabar testimonios de algunas exempleadas que fueron humilladas por la funcionaria pública, aunque aún no quieren dar sus nombres porque empezarán con demandas penales y con quejas ante la Defensoría de los Derechos Humanos y la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, para ser escuchadas y visibilizadas, sí accedieron a narrar sus historias de maltrato y humillación.
La primera en contarnos la pesadilla que enfrentó durante un año en el 2025 es una abogada que fue jefa de departamento en la Setrao, donde duró cerca de tres meses con esa jefatura, porque luego Santibañez Bohórquez la cambió a otra área para empezar a llevarla a su domicilio particular donde le pedía que hiciera labores domésticas y la obligaba a presentarse desde las 7:00 de la mañana y su hora de salida era indefinida de lunes a domingo.
Dentro de las labores domésticas que la trabajadora de Setrao realizaba en la casa de quien fuera asesora jurídica de la Sección 22 de la CNTE, estaba lavar trastes, trapear el piso, barrer, encender el fogón, cocinar por lo menos arroz y en un horario excesivo hasta que ella quisiera que estuviera en su casa, revela conmocionada la empleada.
Expone que permitió todas esas humillaciones por la necesidad económica que tenía y por miedo puesto que la titular de Setrao amenaza al personal de boletinarlos para que no encuentren empleo en ninguna otra parte.
En tanto, en la oficina de dicha dependencia, es importante destacar que la trabajadora hacía doble chamba, los trabajos que hacía era cargarle la bolsa, la traía como su asistente personal, estar pendiente de ella, servirle el café, no cumplía con las labores dependientes de la jefatura que ostentaba en la Secretaría del Trabajo, desarrollaba una doble función a base de presión y de constantes humillaciones.
Reveló que también le rasuraba su salario neto que era de $4,058 pesos y le quitaba una gran parte del bono que era de $25 mil pesos, pero le ordenaba a la empleada que se quedara con $6 mil pesos y lo demás $19 mil pesos tenían que regresárselos, esa era la orden siempre.
El argumento de Edith Santibañez para realizar estas maniobras ilegales, era que se trataba de un dinero que no le correspondía a la trabajadora y que se tenía que regresar. Se sabe, por supuesto, que es la forma en que opera en su presunta red de corrupción para robarse la lana de los trabajadores, dándoles bonos altos para luego quitárselos.
Durante un año, es decir, todo el 2025, Santibañez Bohórquez realizó este tipo de maniobras ilegales en perjuicio de la empleada, le rasuró el dinero del bono que ella misma le autorizó con todo el dolo y mala fe, para quitárselo y según ella no dejar huella.
También confirmó que en diciembre pasado le quitó todo su aguinaldo que fue aproximadamente de $4 mil 58 pesos, que aun cuando Edith Santibañez sabe que ese beneficio laboral es intocable, no tuvo empacho para robárselo a la empleada.
De igual forma, la entrevistada dejó al descubierto una propiedad de la titular de Setrao, que es una bodega, donde almacena todos los apoyos que les quita a las empresas en Oaxaca, y uno de los ejemplos más claros fue todo lo que pidió para los afectados del huracán Erick que dejó severos daños en la Costa, no les entregó nada.
Una de las empresas que le dio apoyos en ropa es la de “Cuidado con el perro”, “Mini Abastos”, pero se quedó con todo ese apoyo, nunca lo repartió. La bodega, según las revelaciones de la empleada, se ubica en la calle principal de la Experimental, lamentablemente nunca hubo denuncias porque a esas propiedades solo lleva a las personas de mayor confianza.
Santibañez Bohórquez también les cuestiona a las empleadas hasta la forma de vestir, “nadie puede estar mejor que ella”, confiesa la abogada y a quienes más denigra es precisamente a las mujeres, a quienes no respeta, las violenta de forma psicológica y laboral.
La afectada confirmó que presentará denuncia porque tampoco le quiere entregar su computadora personal que se quedó en su privado y Santibañez se niega a dársela, lo que es una especie de chantaje de que si ella (la empleada) no firma su baja y hace la entrega recepción porque ostentó una jefatura, no le dan sus propiedades, pero eso es un robo porque la computadora es de la trabajadora.
También nos proporcionó copias de depósitos en cajeros de algunas devoluciones de dinero a terceros que Edith Santibañez determinara, como una del 13 de diciembre de 2025 por la cantidad de $18,335.00 a Fabián Gutiérrez, quien presuntamente es uno de los choferes de la secretaria del Trabajo. Otros movimientos más por $5,000.00 y uno más de $10,000.00 del 16 de diciembre del 2025.

Increíble el testimonio de la afectada y los abusos de una funcionaria que en lugar de ayudar a las y los empleados, los perjudica hasta en sus salarios que es lo más sagrado que tienen para subsistir.
Por supuesto, el gobernador Salomón Jara Cruz ni siquiera se entera de lo que pasa con sus subordinados, vive en su mundo color de rosa y en sus fantasías de que todo marcha requetebién en Oaxaca.
Corrupción, extorsión y nepotismo desde la Secretaría del Trabajo de Oaxaca
La Secretaría del Trabajo del Gobierno de Oaxaca también enfrenta señalamientos cada vez más graves que apuntan directamente a su titular, Edith Santibáñez, por la presunta conformación de una red de corrupción, extorsión y nepotismo que opera tanto al interior de la dependencia como hacia el sector empresarial.
Uno de los puntos más cuestionados es el incremento patrimonial de la funcionaria. Tras haber vivido en una vivienda de interés social, Santibáñez ahora habita una casa de grandes dimensiones ubicada a unos metros del Aeropuerto Internacional de Oaxaca.
De acuerdo con las denuncias recabadas, dicha propiedad le fue vendida por Juan José Amaya, líder transportista y su ahijado, como parte de una retribución por favores políticos, ya que la secretaria lo impulsa abiertamente como aspirante a la presidencia municipal de San Agustín de las Juntas. A la par, su hija de Santibañez construye una vivienda propia, lo que ha generado cuestionamientos sobre el origen de los recursos utilizados.


Trabajadoras y trabajadores de la Secretaría del Trabajo denuncian que estas adquisiciones estarían relacionadas con un esquema sistemático de sustracción ilegal de recursos directamente de los salarios del personal.
Según los testimonios, Edith Santibáñez y su secretario particular, Alex Rodrigo Vásquez García, operan de manera conjunta la retención de una parte de los sueldos, aguinaldos y bonos, sin justificación administrativa ni legal.
El mecanismo descrito incluye la devolución forzada de recursos mediante transferencias a prestanombres o entregas en efectivo a través de “carpetas” que son canalizadas directamente a la secretaria del Trabajo.


En este esquema, la directora administrativa, Lorena Cruz Díaz, no ejecuta directamente los descuentos, pero permitiría que Edith Santibáñez disponga de atribuciones que no le corresponden, cediendo de facto las funciones administrativas y facilitando la operación irregular.
A estas prácticas se suma un marcado nepotismo dentro de la dependencia. Rogelio Santibáñez, es familiar directo de la secretaria (tío), funge como encargado de oficina, mientras que su yerno, Heriberto García Burgoa, figura en la nómina cobrando un salario de una jefatura, sin presentarse a laborar, de acuerdo con los señalamientos del propio personal.
Otra acusación especialmente delicada involucra el uso indebido de apoyos humanitarios. Edith Santibáñez poseería una propiedad en la calle principal de la colonia Experimental, utilizada presuntamente como bodega.

En este inmueble se resguardan despensas, ropa nueva donada por la marca Cuidado con el Perro y láminas destinadas a personas damnificadas por el huracán Erick. La retención de estos insumos, que debieron entregarse de manera inmediata a la población afectada, ha sido calificada como un acto inhumano y de grave insensibilidad social.
En el ámbito empresarial, diversas compañías han señalado presuntas prácticas de extorsión. El modus operandi consistiría en enviar requerimientos a empresas para supuestas revisiones laborales y citar a los dueños directamente con la secretaria, quien los amenazaría con sanciones por presuntos incumplimientos normativos. Frases como “cariño quiere cariño” serían utilizadas para insinuar pagos o favores a cambio de no proceder legalmente.
Entre las empresas mencionadas se encuentran Tlayudas El Negro —que tras las amenazas habría optado por regalar alimentos en eventos oficiales para evitar demandas laborales—, Mini Abastos y la empresa de origen chino Mart King, entre otras.
Finalmente, también se denuncia la obstrucción sistemática de los mecanismos de control interno. Cada vez que la Secretaría de Honestidad acude a revisar el buzón de quejas y sugerencias, personal cercano a la titular se encargaría de vaciar previamente las evidencias.
Solo en una ocasión, la persona comisionada logró encontrar quejas formales, situación que provocó el enojo y la reacción airada de Edith Santibáñez.
Estos señalamientos configuran un patrón de uso faccioso del poder público, donde una dependencia creada para defender derechos laborales estaría siendo utilizada para el beneficio personal, familiar y político de su titular.
Hasta ahora, la secretaria del Trabajo no ha emitido una postura pública para desmentir o aclarar estas acusaciones, mientras que los trabajadores exigen la intervención inmediata de los órganos de control interno, de la Auditoría Superior y de las instancias anticorrupción, así como una investigación independiente que garantice justicia, transparencia y el fin de la impunidad dentro de la Secretaría del Trabajo.

Presuntos delitos que estaría cometiendo Edith Santibañez
Las faltas administrativas y presuntos delitos que esta funcionaria podría estar cometiendo son:
-Faltas administrativas graves: violaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas por uso indebido del cargo, desvío de recursos, abuso de funciones y beneficio personal a partir del ejercicio de la función pública
-Violaciones graves a la Ley Federal del Trabajo: imposición de jornadas laborales excesivas (12 a 13 horas) sin pago de horas extra; recorte y negociación ilegal del aguinaldo, derecho irrenunciable de las personas trabajadoras.
-Abuso de autoridad y violencia laboral: uso del cargo para imponer condiciones ilegales de trabajo, retención indebida de bienes personales de una trabajadora (computadora) y coacción sistemática al personal subordinado.
-Uso indebido y desvío de recursos públicos: resguardo y uso familiar de vehículos oficiales del Estado, mientras se obliga a trabajadores a utilizar vehículos y combustible propios, sin viáticos ni reembolso, para actividades exclusivas de la Secretaría.
-Falsificación de documentos públicos y delitos contra la fe pública: elaboración y uso de sellos apócrifos de autoridades municipales (Huatulco y Pochutla) para justificar viáticos inexistentes, con agravante por tratarse de documentos oficiales.
-Coacción y manejo fraudulento de recursos públicos: obligación a personas trabajadoras de cobrar viáticos o bonos para posteriormente devolverlos, encubriendo desvíos mediante terceros.
-Fraude o estafa a empresas: amenazas por supuestos incumplimientos al marco laboral para exigir la entrega de despensas, ropa y materiales, bajo el argumento de ayuda humanitaria por el pasado huracán Erick, sin acreditar su entrega total, al encontrarse presuntamente resguardados en bodegas de propiedad privada.
Es urgente la intervención de las autoridades de Oaxaca como la propia fiscalía general del Estado, la Anticorrupción, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública a nivel federal para que abran una investigación por estos hechos tan delicados y se haga justicia a trabajadores afectados.
Es increíble que, ya entrado en su cuarto año de gobierno, el gobernador Salomón Jara Cruz no se de por enterado de estas anomalías.
Ojalá la justicia los alcance.
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