La diputada federal del Partido del Trabajo (PT), Martha Araceli Cruz Jiménez, adelantó que su instituto político impugnará ante tribunales la consulta de revocación de mandato que se llevará a cabo en Oaxaca el próximo 25 de enero, ante la injerencia sistemática del Poder Ejecutivo estatal a lo largo del proceso.
La aseveración de la legisladora oaxaqueña se suma a la postura de organizaciones no gubernamentales como Artículo 39 que, por separado, de manera independiente, no descartó la promoción de procesos jurídicos para obligar a la anulación de la consulta y reponer el proceso, ante el involucramiento de las actuales autoridades.
En ese mismo sentido, el politólogo oaxaqueño Isidoro Yescas Martínez, sostuvo, por su parte, que los recursos que se han promovido por cualquier sector podrían, incluso, llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Sí, mi partido lo va a hacer. Nos estamos reuniendo cada semana, vamos avanzando de acuerdo con lo que va saliendo y las cosas que vamos observando. El PT está en desacuerdo totalmente con lo que se está haciendo; este gobierno no nos está representando con este actuar”, reiteró Cruz Jiménez.
Cruz acusó al gobierno de Oaxaca que encabeza Salomón Jara de desviar recursos públicos para la contratación de publicidad a fin de promover la imagen del mandatario. Apuntó que existe presión sobre presidentes municipales para acarrear votos a cambio de obras sociales o mediante la entrega de apoyos como aves de corral.
En ese sentido, el activista y abogado Felipe Víctor Jiménez Lázaro sostuvo que la sociedad civil podría recurrir a los tribunales federales con el objetivo de echar abajo el actual proceso revocatorio y pedir su reposición ante las irregularidades denunciadas. Indicó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sí podría reponer el proceso si se reúnen las pruebas necesarias.
Para el politólogo Isidoro Yescas las organizaciones sociales tienen la legitimidad para impugnar la revocación de mandato, y llevar el caso hasta la Suprema Corte a raíz de las contradicciones registradas en Oaxaca. Descartó que los procesos sean resueltos favorablemente por las autoridades locales debido a su vinculación con el gobierno.
Subrayó que los ciudadanos están en su derecho de recurrir a instancias legales para impugnar lo que calificó como una consulta amañada de Estado, inducida con recursos públicos que deberían destinarse a salud, educación e infraestructura.
