Un grupo de organizaciones de la sociedad civil llamó al gobierno de Claudia Sheinbaum a posponer la entrada en vigor de la reforma electoral, ante la posibilidad de un colapso de las instituciones.
Los activistas consideraron que de aprobarse este año las modificaciones constitucionales que propone el Poder Ejecutivo federal, entre ellas la posible desaparición de los 31 organismos públicos locales electorales, la reforma tendría que entrar en vigencia a partir de 2028 para no interferir con los comicios del próximo año.
De lo contrario, argumentaron que la autoridad podría incurrir en diversas omisiones.
Recordaron que en 2027 se renovarán la mitad de los cargos judiciales, 19 gubernaturas, 500 diputaciones federales y 128 senadurías, así como los cargos de 31 congresos locales y cientos de presidencias municipales.
“Iniciar el proceso electoral más complejo de la historia, con el añadido de las elecciones judiciales simultáneas, en medio de una reestructuración administrativa masiva y con nuevas reglas no probadas, maximiza la probabilidad de errores logísticos graves”, advirtieron, aglutinados en el Observatorio Permanente de Integridad Electoral (Opine).
Indicaron que a pesar de que la comisión presidencial encabezada por Pablo Gómez Álvarez todavía no da a conocer el texto de la iniciativa de reforma electoral que presentará en las próximas semanas, “el Opine expresó sus reservas respecto a algunos de los planteamientos que podría contener el documento, y urgió a que la reforma corrija las fallas de la elección judicial del pasado 1º de junio”, señaló, por su parte, la organización Servicios para una Educación Alternativa (Educa).
El Opine advirtió por ejemplo que “la desaparición de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y la sustitución del Instituto Nacional Electoral (INE) por un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) acarreará retos mayúsculos, pues el nuevo organismo tendrá que organizar las elecciones federales, locales y judiciales y resolver los conflictos poselectorales, lo que despierta un riesgo de colapso técnico por sobrecarga administrativa”.
Además, “las organizaciones que integran el Opine –Laboratorio Electoral, México Evalúa, Disentir y Práctica– recalcaron que la idea de seleccionar a los integrantes del nuevo árbitro electoral mediante voto popular directo introduciría una variable política en órganos que son eminentemente técnicos”, con consejeros que responderían a “intereses de las maquinarias políticas que movilizaron el voto para su elección”.
