Habitantes de la cabecera municipal de Santiago del Río, perteneciente al distrito de Silacayoápam, mantienen la toma del Palacio Municipal como una medida legítima de protesta ante lo que califican como un prolongado periodo de control político y “caciquismo” ejercido por la actual Presidenta Municipal, Lourdes González López.
Los ciudadanos exigen al Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, la designación inmediata de un Comisionado Municipal que garantice la gobernabilidad, así como la ejecución de una auditoría técnica y minuciosa a la administración saliente debido a graves sospechas de corrupción.
La situación escaló tras la asamblea celebrada el pasado 28 de diciembre, donde se denuncia que la presidenta intentó imponer un cabildo a modo para asegurar su permanencia en el poder o el ascenso de su hermana, Karina González López, quien actualmente se desempeña como Servidora de la Nación. A pesar de que el Delegado de Paz advirtió que no existían condiciones para el proceso, se acusa a la edil de violentar la voluntad popular mediante una elección cuestionada en la agencia de San Francisco Higos, la cual fue posteriormente validada por el IEEPCO, desatando el hartazgo de la población de la cabecera.
La denuncia ciudadana pone énfasis en un presunto desvío de recursos que supera los 15 millones de pesos provenientes del Ramo 33 durante los ejercicios fiscales 2023, 2024 y 2025. Los pobladores señalan una opacidad alarmante en el manejo de estos fondos, detectando obras “fantasma” como el rastreo y revestimiento de caminos a Los Silva, San Miguel Aguacates y San Francisco Higos, con costos reportados que superan el millón de pesos pero que no se reflejan en la realidad física de las comunidades.
Entre las irregularidades más críticas destacan obras de infraestructura básica que permanecen inconclusas o con materiales de baja calidad. Los manifestantes citan como ejemplo una biblioteca pública reportada con un gasto de 1.5 millones de pesos que aún se encuentra en obra negra, así como un proyecto de mejoramiento de red de agua potable donde se presume una sobrevaluación millonaria, ya que la inversión real en materiales consistió apenas en mangueras de bajo costo que no cumplen con los estándares técnicos requeridos.
Ante la falta de respuesta por parte de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado (ASFE), a la que señalan de posible complicidad tras haber negado auditorías previas en tres ocasiones, los habitantes han decidido radicalizar sus acciones. Para la próxima semana, se tiene previsto la llegada de un contingente a la ciudad de Oaxaca para manifestarse frente al Palacio de Gobierno, con el objetivo de lograr que el dinero presuntamente robado sea devuelto al pueblo y se ponga fin a la impunidad administrativa en Santiago del Río.
