La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) condenó el ataque efectuado esta madrugada por el gobierno de Estados Unidos a través del cual logró la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
A través de un pronunciamiento, el sindicato disidente de Oaxaca calificó la operación estadounidense como “parte de una ofensiva regional-global contra los pueblos que han intentado ejercer su derecho a la soberanía, la autodeterminación y la construcción de proyectos propios, distintos al modelo neoliberal impuesto por el capital transnacional”.
En ese sentido, la Sección 22 rechazó categóricamente “toda forma de injerencia extranjera”, así como el bloqueo económico, las sanciones unilaterales y la guerra mediática contra el régimen venezolano. Sostuvo que las sanciones antes dichas buscan, bajo el discurso de la “democracia” o los “derechos humanos”, someter a los pueblos, desestabilizar sus procesos internos y apropiarse de sus recursos naturales y estratégicos.
“La autodeterminación de los pueblos no es negociable. Cada nación tiene el derecho histórico y legítimo de resolver sus contradicciones internas sin presiones externas, sin castigos colectivos y sin chantajes económicos que afectan de manera directa a las clases trabajadoras”, agregó la agrupación de trabajadores de la educación.
Luego, abundó que las sanciones impuestas contra Venezuela a lo largo de las últimas dos décadas no castigaron a los gobiernos sino castigaron a los pueblos. La Sección 22 denunció que las medidas sancionatorias representan violaciones sistemáticas a los derechos humanos, al impedir el acceso pleno a condiciones de vida dignas y al restringir el ejercicio de derechos sociales fundamentales.
Como magisterio democrático, reconocemos que las y los trabajadores de la educación se encuentran entre los sectores más golpeados en contextos de crisis estructural. “Expresamos nuestra solidaridad con el magisterio venezolano y con todas y todos los trabajadores que, en condiciones adversas, continúan defendiendo la educación pública como un derecho social”.
Asimismo, apuntó que “lo que hoy ocurre en Venezuela puede reproducirse en cualquier país de América Latina. La criminalización de la protesta social, el uso de las crisis como justificación para recortar derechos y la imposición de modelos educativos mercantilizados son amenazas reales para nuestros pueblos”.
La Sección 22 pidió fortalecer la unidad de los pueblos latinoamericanos, impulsar la solidaridad entre las y los trabajadores de la educación, defender la educación pública como un derecho social y no como mercancía y mantener viva la organización de base como herramienta fundamental de resistencia.
