Lo que comenzó como una defensa de la democracia comunitaria en la región chatina hace casi dos décadas, permanece hoy como una herida abierta en la historia de los derechos humanos en Oaxaca, denunciaron activistas.
Al referir que este 30 de diciembre se cumplen 18 años de la desaparición forzada de Lauro Juárez, electo regidor de hacienda en Santa María Temaxcaltepec.
Su rastro se perdió en 2007, tras una jornada de movilizaciones contra lo que las comunidades denunciaron como una imposición de autoridades municipales orquestada por el entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz y el cacicazgo regional de Fredy Gil Pineda Gopar.
El conflicto se originó en los meses de noviembre y diciembre de aquel año, cuando las asambleas de San Gabriel Mixtepec, Santos Reyes Nopala y Santa María Temaxcaltepec eligieron a sus representantes bajo el sistema de usos y costumbres.
Sin embargo, el desconocimiento de estos triunfos por parte de los órganos electorales detonó un bloqueo masivo en la carretera federal Oaxaca-Puerto Escondido, a la altura de “El Vidrio”.
La protesta buscaba frenar la injerencia del priismo recalcitrante; no obstante, ante la falta de diálogo y el acoso de grupos paramilitares, se ordenó un receso el 29 de diciembre, marco en el cual Juárez fue privado de su libertad.
A 18 años de distancia, el balance para las organizaciones sociales es desalentador. Denuncian que la estructura de impunidad no solo persiste, sino que se ha transformado bajo nuevas siglas políticas.
Señalamientos directos apuntan a que actores políticos vinculados a la represión de sexenios anteriores hoy ocupan posiciones estratégicas en el gobierno federal y legislativo.
Según los voceros del movimiento, la actual estrategia de seguridad nacional ha fallado en proteger a los sectores más vulnerables —periodistas, defensores del territorio y jóvenes—, mientras se mantiene un esquema de control institucional que consideran una continuidad del modelo neoliberal.
En el contexto estatal, la situación no es distinta. A pesar de que Oaxaca es una de las entidades con mayor inversión en seguridad pública este año, la capital y diversas regiones se mantienen en los primeros lugares de inseguridad a nivel nacional.
Las organizaciones críticas al actual gobierno estatal, encabezado por la denominada “Primavera Oaxaqueña”, acusan una cerrazón sistemática al diálogo y una política de hostigamiento dirigida desde la Secretaría de Gobierno.
