Una nueva iniciativa promovida ante el Congreso federal busca establecer que podrá practicarse la muerte asistida sin que ello constituya delito o dé lugar a acción civil por daños y perjuicios, bajo el amparo de la ley, las normas y lineamientos que emita la Secretaría de Salud para su realización.
El documento, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, precisa que solo podrá aplicarse la muerte asistida a personas mayores de 18 años, cuando lo soliciten por escrito, la cual deberá informarse al Comité de Bioética a efecto de determinar la aptitud de la persona y la procedencia de la solicitud.
Para ello, la Secretaría de Salud emitirá la normatividad y lineamientos que establezcan los requisitos, procedimientos y formatos que deberán observarse y requisitarse, así como los tiempos de reflexión para la aprobación y ejecución del procedimiento de muerte asistida. Deja en claro que el personal médico que practique cualquier procedimiento de muerte asistida deberá estar autorizado por la Secretaría de Salud y podrá negarse a realizarlo en cualquier momento. En este caso, la institución de salud deberá solicitar a otro médico no objetor de conciencia.
Además, define a la muerte asistida como la terminación intencional de la vida, practicada por personal médico autorizado, a solicitud expresa de la persona, a través de los procedimientos de eutanasia o suicidio asistido. La eutanasia se define como el acto intencional realizado por personal médico para terminar la vida de quien lo solicite, mientras que el suicidio asistido es aquel donde el médico proporciona los medios para que el paciente autoadministre el acto.
La iniciativa incluye como objetivo la salvaguarda a la dignidad de las personas y busca reformar el artículo 312 del Código Penal Federal para que estos procedimientos no constituyan delito. La propuesta subraya que, aunque en México se prohíbe actualmente la eutanasia, la Encuesta Nacional de Opinión sobre el Derecho a Morir con Dignidad revela que el 68.6 por ciento de los encuestados consideran que los pacientes en fase terminal deberían tener la opción de adelantar su muerte.
La diputada promovente, Naty Jiménez (Morena), puntualiza que a nivel mundial países como Suiza, Colombia, España y Canadá ya cuentan con regulación. Por ello, considera importante legislar para despenalizar la muerte asistida, ya que “todas las personas merecen una muerte en condiciones dignas cuando a pesar de los cuidados paliativos, no ofrecen mejoría alguna ni ayudan con el dolor”.
