Las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y Estudios Legislativos Primera del Senado de México avalaron por unanimidad una reforma a los artículos 260 y 266 del Código Penal Federal.
La reforma busca **fortalecer y actualizar el tipo penal de abuso sexual** en el Código Penal Federal, armonizándolo con los estándares constitucional e internacionales en materia de derechos humanos, relativos a la libertad, autodeterminación sexual, la dignidad humana, la integridad personal y el libre desarrollo de la personalidad, sostuvieron los legisladores.
La reforma parte de una realidad alarmante, agregaron, pues la violencia sexual afecta de manera desproporcionada a mujeres, niñas, niños y adolescentes, además de que continúa con altos niveles de **impunidad** debido a que hay tipos penales imprecisos, de criterios probatorios sustentados en estereotipos de género que históricamente **revictimizan** a quienes denuncian, por lo que la regulación vigente es “insuficiente”.
Legisladoras y legisladores agregaron que con este dictamen se **reconocen conductas que no implican contacto físico** y se precisa que el delito puede cometerse en el ámbito público o privado, lo que permite una protección penal más acorde con las formas reales en que se manifiesta la violencia sexual, también incorpora medidas de reparación del daño y garantías de no repetición.
La modificación surge de una iniciativa presentada por la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado, así como de la senadora Martha Lucía Micer Camarena, misma que tiene por objeto establecer una **descripción más amplia y clara del delito de abuso sexual** retomando los estándares internacionales que hay en la materia.
El dictamen adiciona que **no podrá presumirse del silencio, la pasividad o la falta de resistencia física de la víctima, como consentimiento**, tal y como se reconoce en estándares internacionales, con lo que se fortalece el marco jurídico penal en materia de abuso sexual, además de actualizarlo, contribuyendo a una protección más efectiva de las víctimas, especialmente mujeres, niñas, niños y adolescentes.
La reforma señala que la obligación del Estado mexicano es la de prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia sexual, al incorporar una definición más clara y amplia del delito de abuso sexual y precisar el alcance del conocimiento, establecer agravantes y garantizar un enfoque centrado en los derechos de las víctimas.
