Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 26 de noviembre de 2025.- El PRI Oaxaca volvió a evidenciar que la inconformidad social no es ya un fenómeno aislado, sino una constante que crece al ritmo de las protestas, bloqueos y represión gubernamental. El mensaje fue directo y con nombres propios: jóvenes, periodistas, campesinos y transportistas son amedrentados por el poder en un intento desesperado por contener el descontento.
La dirigente estatal del PRI, Carmelita Ricárdez, denunció que mientras el gobierno presume paz y estabilidad, la realidad de las calles es otra. Señaló que en Oaxaca los jóvenes y los medios dejan de ser ciudadanos para convertirse en sospechosos cuando exigen respuestas. “Lo que el gobierno llama gobernabilidad es el sometimiento de las voces libres”, dijo, en referencia a las recientes protestas estudiantiles y los operativos contra periodistas y manifestantes. El contraste entre discurso e historia reciente es claro: Oaxaca vivió bloqueos simultáneos de transportistas, maestros y campesinos durante la última semana, una señal inequívoca de que los problemas no sólo existen, sino que el hartazgo está alcanzando niveles nunca antes registrados en este sexenio.
Jesús Madrid, secretario general del partido, lanzó una pregunta que resonó en el salón y en redes sociales: “¿Siete años de qué están celebrando?” La crítica apuntó a la retórica victoriosa con la que el gobierno estatal y federal festeja cada aniversario de la autollamada Cuarta Transformación, mientras el país registra retrocesos documentados en inflación, gobernabilidad, educación y salud. Madrid fue más lejos: “No hay nada qué festejar cuando la respuesta del Estado no es diálogo, sino represión”. Y las imágenes de los últimos días lo respaldan.
Heliodoro Díaz, delegado del CEN del PRI, puso el dedo en otra llaga: el presupuesto estatal. Sí, Oaxaca tendrá un incremento anual y sí, las cifras son rimbombantes. Pero dijo lo que hasta ahora ninguna autoridad se ha atrevido a admitir en público: el tamaño del presupuesto no garantiza justicia social. Aseguró que el PRI hará un seguimiento trimestral del gasto público para evidenciar si los 1,360 millones destinados al campo, los fondos para vivienda y los programas sociales serán utilizados como herramientas de bienestar o instrumentos electorales. Una advertencia frontal en un estado donde más del 70% de los municipios dependen casi totalmente de recursos federales y donde el uso político de los programas sociales ha sido denunciado en más de una ocasión.
La revocación de mandato fue otro punto de tensión. Carmelita fue tajante: “La revocación es una simulación”. Recordó que este ejercicio, presentado por Morena como mecanismo de empoderamiento ciudadano, terminó convirtiéndose en un aparato electoral cuando fue impulsado por Andrés Manuel López Obrador. El PRI confirmó que estará en cada casilla vigilando el proceso, denunciando que hasta el día de hoy no existe información completa ni ubicación de mesas receptoras. El fantasma de la elección pasada vuelve a aparecer: casillas sin ciudadanos, boletas rellenadas por funcionarios y resultados celebrados sin contrapesos.
Heliodoro Díaz cerró la discusión con una frase que incomoda al oficialismo: “La revocación es un derecho ciudadano, no una herramienta para glorificar gobiernos”. La crítica volvió a dirigirse al poder y a la intervención del gobierno en procesos que deberían ser estrictamente ciudadanos. La oposición pide lo básico: que el Estado saque las manos de las elecciones.
El PRI no sólo denunció. También advirtió. La dirigencia afirmó que la represión a la protesta juvenil, el pacto de silencio frente a los bloqueos sociales y la simulación de procesos democráticos están convirtiendo la gobernabilidad en un relato, no en una realidad. Si el gobierno sigue respondiendo a la crítica con fuerza pública y propaganda, las protestas no desaparecerán; crecerán.
Como lo ha sostenido en repetidas ocasiones el dirigente nacional Alejandro Moreno, y al cual Carmelita Ricárdez volvió a refrendar su respaldo al cierre del encuentro: “Cuando un gobierno teme a su pueblo, ya perdió el poder moral para gobernar”. El mensaje final, sin matices, quedó claro: en Oaxaca la democracia está siendo observada, fiscalizada y defendida, y el PRI advierte que ya no permitirá más simulaciones.
