A diferencia de las recientes movilizaciones de productores excedentarios de maíz en el norte y occidente del país, el sector agrícola de Oaxaca se mantiene al margen. Joel Venegas, de la Secretaría de Gestión de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) en Oaxaca, explicó que la situación en el estado es diametralmente opuesta, ya que Oaxaca es deficitario en maíz, importando 250 toneladas para consumo local, lo que anula la necesidad de protestar por precios de garantía.
El líder social destacó que la prioridad de los productores oaxaqueños es la conservación de las razas de maíces nativos heredados de sus antepasados. Sin embargo, denunció que esta valiosa genética ha sido objeto de saqueo por parte del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), con sede en Texcoco y supuestamente vinculado a Carlos Slim.
Según Joel Venegas, esta genética es posteriormente vendida a grandes empresas harineras internacionales como Gruma y Minsa, que controlan el precio del maíz en el país.
El dirigente sindical fue enfático al señalar la ausencia de programas de apoyo al campo por parte del gobierno actual. “No existe ningún programa en el campo,” afirmó Venegas, añadiendo que la administración de Salomón Jara no ha brindado “absolutamente ningún apoyo”.
Los agricultores solo reciben recursos de programas preexistentes, como el antiguo Procampo (hoy Producción para el Bienestar), que fue estipulado como una compensación tras la firma del TLCAN en 1992.
Joel Venegas recordó que la firma del Tratado de Libre Comercio estipuló reducir la población rural al 4%. En ese momento, Oaxaca tenía una población rural del 54%, muy por encima del promedio nacional del 23%.
Respecto al programa federal “Sembrando Vida”, Venegas lo calificó como “sembrando envidia” en muchas zonas, alegando que solo funciona parcialmente en comunidades con alta organización.
El líder de la UNTA en Oaxaca también expuso el incumplimiento del Gobierno del Estado en materia de diálogo, contrastando con la política de “hablamos, no bloqueamos” que enarbola la administración de Jara.
La UNTA asegura haber solicitado reuniones por escrito en febrero, junio y el 25 de octubre de 2025 para tratar, entre otros temas, una demanda de vivienda social con fondos federalizados (FISE).
Sin embargo, denuncian que las autoridades “nos dieron de recibido… lo recibieron y lo hicieron tonto”. Joel Venegas expresó la frustración del sector, que ahora exige una respuesta clara del Secretario General de Gobierno, incluso si es para negar la atención.
Finalmente, el líder social defendió la transparencia de la organización frente a las acusaciones de mal uso de recursos, asegurando que el dinero de los programas federales va directamente a los beneficiarios y que la UNTA se puso a disposición de la FGR para ser investigada.
