Padres de familia de la Escuela Secundaria “Macedonio Alcalá” de la agencia municipal Cruz Blanca de Cuilápam de Guerrero denunciaron frente a Palacio de Gobierno a la directora, Violeta Cuadrado Vásquez, a quien señalan de transformar la institución en una zona de riesgo emocional y físico.
Las acusaciones abarcan desde discriminación y manejo turbio de fondos hasta negligencia médica y encubrimiento de acoso.
La escuela, que alberga a aproximadamente 250 estudiantes, ha permanecido cerrada desde el pasado martes 18 de noviembre de 2024, luego de que la comunidad escolar exigiera la intervención urgente del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).
Una de las denuncias más sensibles es la represión directa por preferencias sexuales. El presidente de padre de familia Ricardo Marvin Ramírez Martínez habría sido reprimido por la directora debido a su orientación.
Además la directora promueve el acoso escolar y bullying, llegando a realizar actos de discriminación entre los niños por el color de piel.
“Discrimina a padres de la comunidad LGBT, burlándose de ellos, llamándolos “maricas mentirosos” y amenazando con mandarlos a golpear. Ha dado de alta en bajas y expulsiones a estudiantes por denunciar acoso escolar y sexual, sin seguir los protocolos de canalización correspondientes”, señalaron.
La directora es señalada también de no haber brindado atención médica a un menor que sufrió una fractura durante clases. Se le acusa de no gestionar el seguro escolar, obligando a la madre a asumir todos los gastos, y luego de humillarla hasta que tuvo que irse de la institución.
Otra grave irregularidad es la restricción impuesta por la directora para el uso de los sanitarios. Implementó un “Pase de Llave” (un gafete con forma de llave grande) que solo permite a un estudiante salir al baño si el anterior ha regresado, negando el permiso a otros niños, lo que ha ocasionado “severos daños de salud” en los menores.
Aunado a esto, los padres denuncian que “los baños de los niños lucen sucios”, contrastando con la oficina de la directora.
Los afectados han presentado denuncias ante la Fiscalía y la DDHPO, pero señalan que hasta la fecha las autoridades han hecho “caso omiso” a sus peticiones, prolongando el cierre de la escuela.
