La presidenta del PRI Oaxaca afirmó que no se puede normalizar que la crítica se castigue ni que la inconformidad se trate como una amenaza. Señaló que un gobierno que responde a la ciudadanía con la fabricación de delitos utiliza el poder para silenciar, no para escuchar.
La dirigencia priista sostuvo que el uso penal contra la disidencia convierte al Estado en un instrumento de persecución, lo que deteriora la confianza pública y coloca a las familias de los detenidos en una situación de indefensión frente a decisiones gubernamentales sin transparencia.
Ricárdez destacó que este pronunciamiento es congruente con la postura nacional del PRI, encabezada por Alejandro Moreno, al señalar que ningún gobierno puede justificarse en la fuerza para reprimir la protesta. Subrayó que la libertad de expresión y el derecho a exigir cuentas no son concesiones políticas, sino garantías constitucionales que deben respetarse plenamente.
“El país necesita diálogo, escucha y respuestas, no castigos. Levantar la voz no puede convertirse en motivo de persecución. Exigimos la liberación inmediata de los jóvenes detenidos y el cese del uso penal como herramienta de intimidación”, puntualizó la presidenta estatal.
El PRI Oaxaca reafirmó que no dejará solos a los jóvenes ni a sus familias y que continuará denunciando cualquier acción gubernamental que pretenda inhibir la participación ciudadana. Asimismo, hizo un llamado urgente a corregir el rumbo institucional antes de que esta tendencia erosione de manera irreversible la vida democrática del país.
