Sierra Norte, Oax., 13 de noviembre de 2025.— La Plataforma de Derechos Humanos condenó el nulo acompañamiento de diversas autoridades estatales y federales y denunció agresiones en contra de defensoras y defensores durante una diligencia pericial realizada en San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe, cuyo objetivo era desahogar una prueba pericial en agrimensura.
En un pronunciamiento, las organizaciones reprocharon el “lamentable desempeño” de la Defensoría de los Derechos Humanos, el Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del estado, al no garantizar medidas de protección para las víctimas y las personas defensoras presentes.
Según el comunicado, familias y comuneras de Rancho Ardilla y Rancho Minas han sufrido amenazas, hostigamientos, agresiones —incluida la sexual— y encarcelamientos arbitrarios, presuntamente promovidos por autoridades municipales y agrarias de Tamazulapam del Espíritu Santo y sus agencias de Tierra Blanca y Linda Vista, en un intento por despojarlas de sus tierras y pertenencias.
Durante la diligencia se encontraban la víctima, el perito oficial designado por el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado y varias personas defensoras de derechos humanos. A pesar de que el perito se identificó formalmente y mostró el acuerdo judicial que lo faculta para desahogar la prueba pericial, las autoridades municipales, agrarias, los topiles y la policía municipal impidieron, de forma amenazante y agresiva, el desarrollo de su trabajo.
“No bastaron los argumentos ni explicaciones que se dieron sobre el trabajo de carácter técnico e incluso se les mostró el acuerdo donde se establece que él es el perito oficial del Juzgado Décimo de Distrito, encargado de desahogar la prueba pericial en agrimensura. Aun así argumentaron que ya eran sus terrenos y los obligaron a salir del lugar, escoltados por topiles”, detalla el pronunciamiento.
Las organizaciones manifestaron su preocupación por la falta de acciones eficaces para garantizar la seguridad e integridad de las víctimas y personas defensoras, sobre todo ante el riesgo inminente derivado de antecedentes de agresiones y abuso de autoridad en Tamazulapam del Espíritu Santo. Reclamaron que, en un franco reto a la observancia y protección de los derechos humanos, se impidió y obstaculizó el trabajo del perito oficial designado por la autoridad federal.
La Plataforma exigió medidas urgentes de protección, investigación y sanción contra quienes atentaron contra la diligencia y la integridad de las personas presentes, así como el cumplimiento de las obligaciones de las instancias estatales y federales para garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos territoriales y humanos de las comunidades afectadas.
