El cuerpo de Miguel Ángel Beltrán Martínez fue localizado la mañana del 25 de octubre en el kilómetro 30 de la carretera federal Durango-Mazatlán, en Río Chico, municipio de Durango capital, envuelto en una cobija y presentando signos de violencia extrema, según reportes preliminares de la Fiscalía General del Estado (FGE). Su hijo identificó el cadáver en el Servicio Médico Forense (Semefo) el 26 de octubre, confirmando que el último contacto fue el jueves 23, cuando salieron juntos de su domicilio rumbo a sus trabajos.
Autoridades hallaron junto al cadáver un narcomensaje con amenazas, presumiblemente del crimen organizado, que Beltrán había denunciado en sus últimas publicaciones en redes sociales como TikTok y Facebook, donde administraba ‘La Gazzeta Dgo’ con 27 mil seguidores. Su último video, del 22 de octubre, abordaba acciones delictivas en la región, lo que llevó a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (CIDH) a urgir una investigación considerando su labor periodística como móvil principal.
Beltrán, originario de Durango, colaboró en medios locales como Contexto y La Voz de Durango, cubriendo deportes y temas sociales, y fungió como vocero del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Su asesinato se suma a una ola de violencia contra la prensa en el estado, el cuarto en una década tras Eliseo Barrón Hernández (2009), Carlos Ortega Melo Samper (2010) y Vladimir Antuna García (2015), todos por su ejercicio informativo.
La FGE inició una carpeta de investigación por homicidio calificado, coordinando con la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y la Guardia Nacional para rastrear evidencias. Artículo 19 y RSF condenaron el crimen, destacando que México es el país más letal para periodistas en América Latina, con nueve asesinatos en 2025, el año más mortífero desde 2022, y exigiendo protección al Mecanismo Federal para Defensores y Periodistas, al que Beltrán no estaba inscrito.
El homicidio reaviva alertas sobre la impunidad en Durango, donde el 90% de crímenes contra periodistas quedan sin resolver, según Artículo 19. Colectivos como el Comité de Madres Buscadoras y la UE demandan acciones urgentes, mientras el gremio periodístico local guarda luto y convoca a marchas por justicia, recordando que ‘el periodismo no se mata, se defiende’ en un estado con creciente influencia delictiva.
