El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó la detención de Álvarez Puga el 24 de septiembre, registrándolo como deportable por falta de visa válida para residir en EE.UU., donde vivía discretamente pese a su estatus de fugitivo. El Centro Krome North, una instalación administrativa para migrantes irregulares en Miami-Dade, no es prisión penal sino centro de procesamiento, lo que permite recursos legales para su liberación bajo fianza, solicitada por su defensa y concedida para audiencia cuya fecha pende.
Álvarez Puga, abogado y fundador de Álvarez Puga y Asociados, enfrenta en México acusaciones de la FGR por operar una red de empresas fantasma que simuló licitaciones para triangular 2.950 millones de pesos de la Secretaría de Gobernación en 2014-2018, lavando fondos vía transferencias por 243 mil pesos a firmas factureras y recibiendo 2.1 millones, mientras su esposa Gómez Mont figura como beneficiaria de 14.8 millones. La solicitud de órdenes de aprehensión en septiembre de 2021 contra él, su hermano Alejandro e Inés persiste, con ficha roja de Interpol ignorada hasta ahora.
El periodista Darío Celis reveló que Álvarez Puga ‘vivía tranquilo en Miami’ como muchos prófugos, pero su detención por migración revive el expediente de corrupción peñista, involucrando a exfuncionarios y figuras del espectáculo. Aunque no directamente ligada, la situación abre vía a extradición mexicana, ya que los cargos por defraudación fiscal, delincuencia organizada y uso de recursos públicos permanecen activos, con posibles penas de hasta 30 años.
Inés Gómez Mont, prófuga desde 2021 y con paradero desconocido pese a rumores en Miami, enfrenta cargos similares por evasión fiscal y lavado, habiendo recuperado cuentas bancarias congeladas en 2023. La pareja, con cinco hijos, huyó tras denuncias de la UIF por depósitos millonarios injustificados, en un caso que expuso nexos con contratos de seguridad nacional durante el gobierno anterior.
