Un juez dictó auto de libertad para Antonio Betanzos, Adán Betanzos y Gaspar Betanzos, indígenas mazatecos que han enfrentado juicios penales y prisión por presuntamente haber participado en el asesinato del hermano de la diputada local de Morena, Elisa Zepeda, reportó la organización Mujeres Mazatecas por la Libertad.
De acuerdo con la resolución, los tres quedaron libres de cualquier acusación; sin embargo, permanecen pendientes 200 órdenes de aprehensión contra indígenas mazatecos de esta comunidad.
Recordó que los tres, junto con otras 56 personas de Eloxochitlán de Flores Magón, han enfrentado una persecución judicial con delitos prefabricados y que, en diferentes momentos procesales, han demostrado su inocencia.
“Nuevamente queda claro que nunca se debió incriminar a nuestros compañeros y compañeras defensoras del territorio y de la vida. Sin embargo, los gobiernos de Oaxaca y el cacicazgo local han utilizado el poder judicial para imponer la persecución de quienes vivimos junto al río y lo defendemos; nos reprimen para garantizar, para ellos, el saqueo de los recursos naturales, en especial del río Xangá Ndá Ge”, señaló el colectivo.
La organización informó que presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que dé seguimiento a las denuncias por delitos de lesa humanidad presuntamente cometidos por tres gobiernos de Oaxaca en contra de los defensores comunitarios de Eloxochitlán de Flores Magón.
Calificó como inadmisible que el Estado mexicano no ponga fin a la criminalización contra personas defensoras mazatecas, quienes han evidenciado persecución judicial y fabricación de delitos con resoluciones de todas las instancias.
Entre las exigencias urgentes a la CIDH están: que el Estado mexicano garantice el acceso a la defensa en libertad de 14 personas en persecución (desplazadas), acusadas por delitos de alto impacto, quienes ya cuentan con amparos ganados que, en su momento, jueces locales no acataron debidamente; además, sus coacusados ya obtuvieron autos de libertad por los mismos tipos penales.
Asimismo, demandan que el Estado mexicano garantice y agilice el cierre de todos los procesos penales pendientes que el Juzgado de Huautla de Jiménez se niega a concluir, pese a sentencias de amparo que ordenan dictar sentencia; y que evite la vulneración de derechos de las y los comuneros aun después de que obtienen su libertad, “pues el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca constantemente se presta a revocar libertades por cuestiones de forma, como la supuesta falta de firmas de secretarios judiciales o del agente del Ministerio Público”.
También exigen que el Estado mexicano garantice la libertad de Miguel Ángel Peralta Betanzos, a quien, en cualquier momento, el Primer Tribunal Colegiado Penal de Oaxaca podría dictar sentencia “después de un tortuoso proceso de defensa, en el cual ya había logrado revertir una sentencia condenatoria, pero fue víctima de una revocación a espaldas hecha por el tribunal local”.
