Pueblos originarios de Oaxaca y Puebla organizarán el Tercer Foro Regional por la Defensa de la Vida y los Territorios, donde denunciarán el despojo y el saqueo a manos de caciques, incluyendo la administración de la autodenominada Cuarta Transformación.
El evento, que se realizará el 11 y 12 de octubre en Reyes Metzontla, Puebla, dentro de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, busca articular una respuesta regional frente a la avanzada de megaproyectos en el sur-sureste del país.
Los denunciantes acusan directamente a los gobiernos de otorgar concesiones mineras y aprobar megaproyectos sin consulta ni consentimiento de los pueblos, violando su derecho a la libre determinación.
Entre los proyectos señalados se encuentran el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el Tren Interoceánico de carga, parques eólicos en el Istmo de Oaxaca.
Además de proyectos mineros en la Mixteca poblano-oaxaqueña y la Sierra Norte de Puebla.
“Los gobiernos —desde los neoliberales hasta la llamada Cuarta Transformación— han otorgado concesiones mineras y aprobado megaproyectos. Violando nuestro derecho a la libre determinación y a la autonomía”, señalaron en conferencia de prensa.
La protesta va más allá de la afectación ambiental, expusieron al referir que se trata de una estrategia de “violencia empresarial” que opera en complicidad con el crimen y grupos paramilitares, buscando imponer el despojo, fragmentar el tejido comunitario y criminalizar a quienes defienden la vida y el territorio.
Los líderes de las organizaciones sociales señalaron que en sus comunidades se está destruyendo y saqueando cerros, manantiales, ríos, bosques, tierras y lugares sagrados, a la vista de las autoridades.
El Tercer Foro se propone como un espacio para que los pueblos y comunidades debatan los desafíos comunes, fortalezcan sus asambleas y refuercen la autonomía.
También busca construir una red regional de defensa del territorio que impulse acciones solidarias y resistencia activa.
La exigencia principal de la convocatoria es cancelar las concesiones mineras y los megaproyectos impuestos sin consentimiento en Oaxaca y Puebla.
