Luego de que el Pleno del Senado aprobó por unanimidad el dictamen a la minuta que reforma el inciso A de la fracción 21 al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extorsión, el proyecto fue remitido a las legislaturas estatales y de la Ciudad de México para su consideración.
La reforma constitucional faculta al Congreso de la Unión para expedir la Ley General contra la Extorsión, que permitirá perseguir de oficio este delito, homologar penalidades y agravantes en todo el país.
Con ello, según los legisladores, se busca fortalecer la coordinación entre la Federación y los estados.
La asamblea aprobó, con 106 votos a favor, la minuta que envió la Cámara de Diputados al Senado y que se deriva de una iniciativa que presentó al Congreso de la Unión la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El dictamen destaca que se trata de evitar una indebida fragmentación jurídica, que impacta en la procuración e impartición de justicia y provoca inseguridad para las víctimas.
Refiere que la disparidad normativa entre el Código Penal Federal y los códigos penales locales provoca que el combate a la extorsión sea deficiente y que la delincuencia organizada utilice las antinomias jurídicas para evadir la justicia, por lo que expedir una ley general en la materia constituye un paso indispensable para crear un marco jurídico homogéneo, que establezca criterios uniformes de investigación, persecución y sanción.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, señaló que esta reforma unificará criterios, cerrará vacíos legales y protegerá de manera integral a la sociedad, al fortalecer la coordinación de los tres niveles de gobierno para prevenir, investigar y sancionar el delito.
Cantón Zetina afirmó que la reforma se debe a que la extorsión la padece todo México, pues es un ilícito que requiere de toda la atención por sus múltiples modalidades y por la disparidad en las legislaciones estatales, que han permitido que esta práctica se expanda como una “sombra letal” que sacrifica vidas, acaba con familias, invade negocios y no es incentiva para la actividad económica del país.
La presidenta de la Comisión de Seguridad, Lucía Trasviña Waldenrath, indicó que la extorsión no es un delito menor ni aislado, sino un flagelo que lacera hogares, negocios, instituciones y comunidades completas, ya que se ha convertido en una de las principales acciones ilegales que utiliza el crimen organizado para financiar sus actividades ilícitas.
Trasviña Waldenrath refirió que, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero de 2025 se registró un promedio diario de casi 30 extorsiones, lo que significa un incremento del 57 por ciento en tan sólo seis años; mientras que el INEGI señala que en 2023, la extorsión fue el delito más frecuente contra las unidades económicas, con un costo superior a 124 mil millones de pesos, equivalentes al 0.51 del Producto Interno Bruto (PIB).
