Trabajadores del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca (SUNEO) reiteraron su inconformidad respecto a un decreto publicado el 29 de agosto de 2025 en el Periódico Oficial del Gobierno de Oaxaca, el cual modifica la creación de varias universidades y genera incertidumbre laboral y un retroceso en los derechos adquiridos, según los inconformes.
Los afectados consideran que las modificaciones se realizaron sin una consulta previa, libre e informada a las comunidades universitarias, lo que, a su juicio, contraviene el artículo 3° constitucional y la Ley General de Educación Superior.
Los trabajadores señalan que el decreto otorga facultades ilimitadas a una Junta de Gobierno, eliminando órganos colegiados de decisión como los Consejos Académicos y, lo que es aún más preocupante para ellos, no cuenta con representación de los trabajadores.
Esta medida, afirman, limita la participación democrática y perpetúa prácticas autoritarias, afectando la calidad educativa y la estabilidad institucional.
Además, apelan a los principios de Irretroactividad de la Ley y de Protección de la Confianza Legítima, reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Para abordar la situación, los trabajadores han presentado un pliego petitorio al Gobierno del Estado de Oaxaca y al Gobierno de la República, en el que solicitan la revisión y modificación de los decretos así como la garantía de los derechos laborales adquiridos y las capacidades de gestión propias de las universidades.
Además de modificar los alcances de la Junta de Gobierno para que un Consejo Académico tenga poder de decisión y conservar la figura de Profesor-Investigador de Tiempo Completo, considerada fundamental para la calidad académica.
Los universitarios aseguran que el futuro de sus instituciones no puede construirse desde la exclusión y la imposición, sino a través del reconocimiento de la diversidad de voces y la voluntad colectiva.
“La transformación que anhelamos no se decreta: se cultiva desde abajo, con acciones concretas, con escucha profunda y con voluntad de sanar las heridas institucionales que aún persisten”, señalan en su comunicado.
Los manifestantes advierten que la desmotivación e incertidumbre laboral que genera el decreto podría tener un impacto negativo directo en la calidad educativa y en la estabilidad institucional.
