El tema de la verificación vehicular ha sido el espectáculo más reciente del gobierno circense de la familia Jara y compañía.
Sin ofender a los trabajadores de los circos, que lo hacen para sobrevivir, no para malabarear las consecuencias de las decisiones de la primavera oaxaqueña, pensándose en que le hacen un favor al pueblo oaxaqueño, cuando en realidad muestran lo ampliamente ridículos que pueden llegar a ser.
Sobre verificación vehicular, las principales normas oficiales mexicanas en la materia son la NOM-047-SEMARNAT-2014, NOM-050-SEMARNAT-2018, NOM-041-SEMARNAT-2015, NOM-068-SCT-2-2014 y la NOM-236-SE-2021. En las cuales se establecen las características con las que debe de cumplir la infraestructura y los modelos de logística de los verificentros.
Pero en el estado de Oaxaca, es de dominio público que los verificentros no cuentan con la infraestructura ni tecnología adecuada. Es por ello por lo que, en octubre del 2024, se anunció una moratoria a los operativos de la Policía Vial Estatal relacionados con el programa de verificación vehicular. Proceso que se reanudo en este año, pero sigue siendo ineficiente.
De acuerdo con datos del INEGI, el número de vehículos de motor registrados en circulación al cierre del 2024 en el estado es de 1,212,415 unidades, cifra que se obtiene utilizando la tasa de crecimiento del 2021 al 2023, de este total, aproximadamente 817 mil son verificables. Además, tomando en cuenta que se tienen 14 verificentros en todo el estado, así como que, suponiendo se trabajen las 24 horas del día, se necesitarían 34,042 días para verificar a todas las unidades.
Esta situación genera un evidente rechazo social, pero al mismo tiempo, las condiciones para la aparición de métodos de corrupción en el proceso de verificación.
Por ejemplo, fuentes consultadas a las afueras del verificentro de Santa Lucía del Camino, aseguraron recibir por parte de personas que de forma constante entraban y salían del señalado verificentro, la oferta de saltarse la fila de espera por montos que, en promedio, se encontraban entre los $500 y $1,000. Así como también, el cobro entre $2,000 y $2,500 para obtener hologramas de verificación sin la necesidad de estar de forma presencial. Información que es de dominio público.
Sumado a lo anterior, se ha documentado que existe la falta de hologramas, los cuales ahora son por marcas y modelos, lo que complica aún más el proceso. Si en sexenios anteriores los hologramas eran genéricos para todo tipo de auto, ¿por qué complicar algo que funcionaba?
Por sino fuera poco, el gobierno de la primavera oaxaqueña, previamente se aseguró de anunciar las disposiciones que incluían una multa para quienes no verificaran su unidad. Lo anterior fue dicho en febrero de este año por la secretaria de Medio Ambiente, Karime Unda Harp, multa que podría alcanzar de 3 a 4 UMAS, es decir, cerca de los $450.
Ante esto, y tomando en cuenta la máxima, que en política piensa mal y acertarás, ¿el actual modelo de verificación vehicular es más bien un método de extorsión institucionalizada planeado por funcionarios menores del gobierno de la Primavera Oaxaqueña o por el propio Salomón Jara?
Sobre todo, considerando que no existe ni capacidad instalada en las verificadoras para atender la flota de automóviles ni suficientes hologramas para todos los autos en el plazo legal del primer semestre, ¿o los escondieron para asegurar un determinado número de multas?
No obstante, fiel al estilo de acusar al pasado, en la conferencia del pasado 26 de agosto, Karime Harp anunciaba que no habría ni retenes ni multas para quienes no lograron verificar en el plazo, acusando que la deficiencias del sistema de verificación son herencia del gobierno anterior. Así es, del gobierno que se fue hace ¡tres años! Esto significaría que en algunas dependencias la curva de aprendizaje aún se encuentra en desarrollo.
Pero también acusó de guerra sucia ante los, según ella, rumores de multas y filtros de revisión, cuando en realidad es información de dominio público. Difundido a través de un video en sus redes sociales el 18 de septiembre del 2024, grabado en un retén informativo en el que participó ubicado en el Cerro del Fortín.
En la misma conferencia, la secretaria se refirió que se detectaron cobros indebidos de hologramas. Ante tal hecho, señaló se investigaría, lo que resulta incrédulo tomando en cuenta que desde hace meses la información de cobros indebidos y demás irregularidades, eran denuncias recurrentes en noticieros radifónicos.
Aunque lo peor es la burla del actual gobierno hacía la ciudadanía oaxaqueña, ya que ante el temor de la aplicación de multas, y de acuerdo con testimonios recopilados, quienes lograron verificar en el plazo extendido de agosto tuvieron que ir 2 o 3 veces para lograrlo, o se desvelaron toda una noche para obtener un turno, sin caer en el modelo de corrupción, pero llenándose de molestia.
Ante esto, ¿cómo sería el voto de estos afectados en la revocación de mandato?
El 14 de septiembre del 2021, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Revocación de Mandato, para hacer valer el derecho de la ciudadanía a votar sobre la permanencia del titular de la Presidencia de la República. Por su parte, en enero del 2023 se aprobó la Ley de Revocación de Mandato para el Estado de Oaxaca, para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a la remoción del cargo de la persona titular del Poder Ejecutivo.
La Ley Federal establece en su Artículo 7, que el proceso de revocación procederá a petición de un número de personas ciudadanas equivalente de al menos el 3% de las inscritas en la lista nominal de electores, siempre y cuando la solicitud corresponda a por lo menos 17 entidades federativas y que representen, como mínimo, el 3% de la lista nominal de electores de cada una de ellas.
Por su parte, la Ley del estado de Oaxaca, también en su Artículo 7 expone que el proceso de revocación de mandato solamente procederá a petición de la ciudadanía en un número equivalente, al menos, del 10% de las inscritas en la lista nominal de electores, siempre y cuando la solicitud corresponda a la mitad más uno de los municipios.
En Oaxaca, el INE reporta, al corte del 21 de agosto del 2025, que la lista nominal se conforma de 3 millones 076 mil 328 personas, por tanto, se requieren de 307,633 personas de 285 municipios para iniciar con el proceso de revocación.
Sobre estos requisitos han surgido diversas inconformidades.
Entre éstas, las propuestas de reforma impulsadas por el PT y Movimiento Ciudadano para modificar los requisitos del proceso de revocación, reduciendo del 10% al 3% el padrón mínimo de ciudadanos requeridos para solicitar la revocación, y eliminar el carácter vinculante del resultado si no participa al menos el 40% del electorado.
Ante esto, en una reciente entrevista el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Oaxaca, Benjamín Viveros, rechazó estas propuestas, bajo el argumento que son peligrosas para la estabilidad política y social de Oaxaca, vulnerando la democracia, y la decisión de las mayorías por una minoría no representativa del pueblo.
Sin embargo, el diputado olvida que, y de acuerdo con datos del IEEPCO, Salomón Jara fue elegido por sólo 696,488 votos, en un proceso electoral caracterizado por un abstencionismo del 61.6%. Sumado a que sus votos representaban solamente el 23.60% del total de la lista nominal. Con estos datos se deduce que el gobierno de la primavera oaxaqueña vulneró la democracia, ya que somos gobernados por la decisión de una minoría no representativa impulsada por el denominado efecto Obradorista, no por el convencimiento Jarista.
En la referida entrevista, el diputado también fue enfático al afirmar que las iniciativas del PT y MC no pasarán, y con ello enviar un mensaje contundente de rechazo a la simulación, no a la manipulación y no a la inconstitucionalidad.
De nueva cuenta el diputado se olvida que la simulación es una de las características principales de la primavera oaxaqueña. Por ejemplo, la simulación en cuanto a la reducción de la pobreza, ya que, aunque pasó del 64.3% de la población en esta situación al 51.6% en el 2024, poco más de la mitad de la población continua en esta categoría.
Igualmente, no señalan que, en materia de carencia por acceso a los servicios de salud, según el INEGI, el porcentaje de la población en esta situación en Oaxaca pasó del 16.3% en el 2018 a 43.9% para el 2024, ni tampoco mencionan que la entidad se ubica en el quinto lugar con población con al menos tres carencias sociales.
De igual manera, no recuerda que el gobierno Jarista se ha especializado en la manipulación. Como, por ejemplo, el despido ilegal de burócratas, situación que, en un principio, Salomón Jara justificaba como un combate frontal para combatir a la corrupción de los gobiernos pasados, pero curiosamente no existió ninguna investigación sobre funcionarios de alto nivel involucrados en la supuesta venta de plazas.
No obstante, en un acto de total burla en contra la memoria del pueblo, el pasado 27 de agosto, el mandatario estatal, argumentó que, y cito, “siempre hemos reivindicado las causas legítimas y nunca seremos insensibles a la realidad social”, con lo cual anunciaba la reinstalación de todos los burócratas afectados por el decreto 24. Pero lo que se le olvidó al gobernador fue mencionar que no fue acto de voluntad política, sino fue producto de la Jurisprudencia de la SCJN con registro digital:2030939, con un fallo a favor de los burócratas, lo que obligó a Salomón a recular.
En lugar de intentar capitalizar el hecho como un logro propio, casi un favor de su persona hacía las y los trabajadores, se debería de preocupar. Ya que, de acuerdo con fuentes dentro del sindicato de burócratas, y de la base trabajadora, se viene una oleada de demandas por abuso de autoridad, por daño moral, psicológico, material que, en conjunto, durante nueve meses, sufrieron los afectados y sus familias.
Por último, la cereza en el pastel. Al parecer el expresidente estatal de Morena, Benjamín Viveros, puede tener afectaciones en la vista, ya que no se ha dado cuenta de los monumentos a la inconstitucionalidad que se tienen en Oaxaca con tanto nepotismo.
De este tema, querido lector, ejemplos sobran. Usted agregue el que más le guste.
Finalmente, así como la fallida verificación vehicular y la derrota ante el gremio burócrata, el gobierno de Salomón Jara se ha caracterizado por cometer errores un día sí y al otro también, situación que lleva a plantearse el siguiente cuestionamiento, ¿quién gobierna Oaxaca?
Cuestionamiento que surge tomando en cuenta en que, a pesar de que el pan de cada día en la primavera oaxaqueña es la simulación, la manipulación y la inconstitucionalidad, el gobernador pareciera no tener influencia ni poder de decisión para impedirlo, a pesar de que su inacción puede cobrarle una factura muy alta. Al tiempo.
