El Poder Judicial de la Federación emitió una resolución que declara que la sección “Quién es Quién de las Mentiras”, difundida en las conferencias matutinas del gobierno federal anterior, violó los derechos al honor y la dignidad de los críticos, y creó un ambiente hostil para el periodismo y el análisis político.
Este fallo sienta un precedente crucial que podría afectar las prácticas de comunicación de los gobiernos locales, como el caso de Oaxaca.
El Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ratificó que las descalificaciones emitidas en la sección del sexenio pasado afectaron el honor del analista político Max Kaiser, quien, como muchos otros, fue expuesto de forma despectiva y sin fundamento.
La resolución judicial subraya que la sección no era un simple ejercicio periodístico, sino un acto de comunicación oficial sujeto a las obligaciones constitucionales de no difundir mensajes discriminatorios o estigmatizantes.
El fallo determinó que la información sobre el analista no se basó en hechos concretos, sino en juicios subjetivos y careció de objetividad e interés público. Además, el tribunal consideró que el uso de plataformas oficiales para atacar a los críticos excede los límites de la propaganda gubernamental y crea un clima de hostilidad que podría desembocar en violencia.
Lecciones para Gobiernos Locales como el de Oaxaca
La decisión del tribunal federal tiene una relevancia particular para el estado de Oaxaca, donde el gobierno actual intentó replicar la polémica sección con un espacio similar llamado “Trapitos al Sol”. Aunque no se ha procesadl oficial sobre los posibles ataques a comunicadores en Oaxaca, la resolución del Poder Judicial de la Federación establece un importante precedente.
Ahora, los gobiernos locales que utilicen secciones de este tipo para atacar a sus críticos y “blindarse” se enfrentan a un marco legal más estricto.
La sentencia envía un mensaje claro: las autoridades no pueden usar plataformas oficiales para desacreditar a quienes ejercen su derecho a la crítica y el disenso.
El fallo reafirma la importancia de la libertad de expresión y la necesidad de que los gobiernos se abstengan de utilizar su poder para silenciar a la disidencia. Para comunicadores y ciudadanos, representa una victoria significativa en la protección de sus derechos frente al poder del Estado.
